De la Vega destaca que la Ley instaura "los derechos digitales" y mejorará la vida de los ciudadanos
MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, que "garantizará" que los ciudadanos puedan realizar todos sus trámites con la Administración por medios electrónicos, lo que supondrá un ahorro por persona y año de 300 euros, según anunció hoy la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, De la Vega aseguró que gracias a esta Ley los ciudadanos podrán realizar sus gestiones por la Red y cualquier plataforma tecnológica; consultar el estado de tramitación de los procedimientos que tengan abiertos; evitar la necesidad de tener que presentar papeles que ya tenga la Administración; y tener la seguridad seguridad de que los trámites tendrán la misma validez y podrán realizarse en los idiomas cooficiales.
"La Ley garantizará que se realizcen todas las gestiones de los ciudadanos por medios electrónicos, independientemente de la administración a la que competa, a través del canal que elijan los usuarios las 24 horas del día y los 365 días del año", dijo De la Vega, que entiende que de esta forma "serán los ciudadanos los que tomen el mando en su relación con las admnistraciones".
Asimismo, anunció que para la implantación de la norma en los años siguientes a su aprobación, el Gobierno va a aportar un fondo de 310 millones de euros, que se sumarán a los incrementos que ya se producen en el gasto destinado a tecnologías de la información dentro de la Administración General del Estado y a las inversiones de otras administraciones.
Por último, la vicepresidenta indicó que la Ley "establece una nueva generacion de derechos para los ciudadanos: los derechos digitales", y añadió que se trata de una ley "de todos y para todos" que además "va a mejorar ostensiblemente la vida de los ciudadanos".
LA LEY, EL PUNTO DE PARTIDA.
La ley, que se remitirá al Parlamento para seguir con su tramitación, pretende ser "punto de partida de una nueva generación de derechos de los ciudadanos, los derechos digitales", y parte, según el Gobierno, con el apoyo de varias comunidades autónomas y de los representantes de las entidades locales, que han participado en su elaboración con sugerencias y aportaciones.
El apoyo de las administraciones locales y regionales será esencial para poder hacer efectivo el cumplimiento del derecho que esta ley consagra, dado que estas corporaciones tendrán que desarrollar la normativa que les afecta, y disponer de los instrumentos necesarios para la relación telemática con los ciudadanos.
El Consejo Asesor de Administración Electrónica, órgano en el que hay representantes del sector privado, usuarios y del ámbito docente y jurídico, ha hecho pública una declaración de apoyo en la que reconoce que esta norma "responde a las necesidades de los ciudadanos del siglo XXI, a las prioridades de nuestra economía y a la necesaria modernización de los servicios públicos".
Cuando esta norma entre en vigor, según el Ejecutivo, los ciudadanos "tendrán garantizado poder realizar todas sus gestiones por medios electrónicos, independientemente de la administración a la que competan, a través del canal que quieran, las 24 horas del día los 365 días del año". El titular de Administraciones Públicas enfatizó que esto supondrá que los ciudadanos "serán los que tomen el mando en su relación con las administraciones".
La Administración General del Estado prevé invertir 1.900 millones para desarrollar nuevo servicios electrónicos a partir de 2008.
La nueva normativa garantizará acceder a los servicios públicos a través de Internet, el teléfono móvil, la televisión o cualquier otro medio electrónico que pueda aparecer en el futuro, poder consultar el estado de tramitación de los procedimientos que se tengan en marcha, y evitará a los ciudadanos presentar papeles que ya estén en poder de las administraciones.
Las comunicaciones electrónicas pasarán a tener la misma validez jurídica que las que se realizan en papel, los trámites a través de Internet o un teléfono tendrá la misma validez que de la forma tradicional. El Gobierno incluirá en el texto que todas las comunicaciones tengan todas las garantías de calidad, seguridad y confidencialidad, y permitirá a los usuarios el uso de los idiomas cooficiales en su relación con la Administración.
