Actualizado 30/03/2006 21:31

En el mundo hay nueve millones de pasaportes perdidos que pueden amparar a terroristas, según un experto norteamericano

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

En la actualidad hay nueve millones de pasaportes perdidos en el mundo que pueden servir para amparar a terroristas y criminales, según explicó hoy John Kropf, de la Oficina de Privacidad del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, durante su intervención en una mesa redonda sobre 'La lucha contra el fraude y la protección de datos', celebrada esta mañana en Madrid en el marco de la segunda jornada del Congreso Europeo de Protección de Datos. Para frenar la "falta de conocimiento de los pasaportes robados", anunció que hay unas iniciativas "en curso".

Bajo el epígrafe 'Las propuestas europeas para la lucha contra el fraude en el sector financiero y su incidencia en la privacidad', la jefa del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, María Luisa García, ha dicho que es necesario armonizar los intereses económicos y jurídicos de los consumidores en este trabajo, pues en su opinión "el incremento en el nivel del fraude frena la utilización de pagos de medios distintos del efectivo y presencial". Como ejemplo, mencionó el fraude financiero a través de la banca electrónica con las técnicas de ingeniería social como el 'phishing' y el 'hacking'.

Por su parte, el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Gabriel Panizo, abogó por medidas "organizativas y de gestión", además de las técnicas, para garantizar la seguridad. "Las autorizaciones de acceso a los datos personales deben tener una limitación clara como es la necesidad de utilizarla para el trabajo concreto", dijo.

260 MILLONES DE FRAUDE EN EL CRÉDITO AL CONSUMO

El secretario de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, Honorio Ruíz, citó tres líneas de fraude utilizadas por la delincuencia organizada: la suplantación de la personalidad, la falsificación documental, creando identidades falsas a partir de documentos auténticos o identidades totalmente inventadas, y la utilización de personas marginadas que colaboran con su identidad propia. Así, cifró en 260 millones de euros el fraude estimado en el sector crédito al consumo en España en 2005.

En esta línea, la representante de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Laraine Laudani, señaló la obligación de informar al sujeto investigado de que sus datos se están utilizando pero agregó que es" complejo" porque también hay que salvaguardar los "intereses de la investigación, u ofensas criminales". Por este motivo, se establece una demora en lo relativo a la información: "Demoramos la notificación hasta la conclusión de la investigación o la diferimos más allá cunado es necesario mantenerlo, pero damos la oportunidad al sujeto investigado de presentar todos los datos que le conciernen", dijo.

En lo relativo a 'La lucha contra el fraude en Internet y la privacidad', el jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, Juan Salom, destacó que el fraude en la red está siendo monopolizado por la delincuencia organizada y que para atajar los "paraísos informáticos" se necesita una adecuada protección de datos a nivel internacional. A su juicio, "las vías de investigación policial clásicas frente a estos fraudes son ineficaces", siendo útil la trazabilidad de las comunicaciones electrónicas, ver el origen, conservar los datos de tráfico y el número de llamante y el llamado.

Consciente de que la conservación de datos está opuesta al derecho a la intimidad y privacidad de las personas, este experto comentó en estas jornadas que si se apuesta por el escenario de las nuevas tecnologías, se tiene que generar confianza dando seguridad, "con una adecuada política de conservación de datos en Internet".

Para finalizar, el fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, apostó por tipificar el delito informático, de intrusismo, interferencia, daño o acceso a sistemas informáticos, además de "la creación de una nueva ley procesal que de cobertura legal y judicial a estas actuaciones nuevas conocidas incluso hace 20 años". Además, considera que "los jueces y fiscales deben estar preparados para entenderlo y conocer bien los datos para una condena".

Ficod 2008