El empresario califica de "mísero" a Díaz Ferrán y presume de su "calidad humana" por regalar vehículos de alto valor a sus empleados
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El liquidador de empresas en crisis, Ángel de Cabo, ha afirmado en la Audiencia Nacional que los cerca de 300.000 euros incautados en su domicilio tenían como finalidad evitar una posible extorsión por parte de la mafia rusa, según informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
Según ha explicado el dueño de Viajes Marsans ante el juez instructor del 'caso Crucero', este temor venía fundado en que con anterioridad fue víctima de sus ataques y que incluso le llegaron a amenazar "poniéndole una pistola en la boca".
El empresario valenciano ha declarado de manera voluntaria este miércoles en el marco de la investigación sobre el supuesto vaciamiento llevado a cabo por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán del Grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.
De Cabo, en prisión provisional desde diciembre, ha explicado durante su comparecencia que Díaz Ferrán le "engañó" al haberle vendido sus sociedades patrimoniales Grudisan, Holdisan y Parihol vaciadas de bienes.
Además, ha calificado de "míseros" a quien fuera presidente de la patronal y a su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, y ha añadido que no se fiaban de su gestión cuando le vendieron sus compañías.
El empresario valenciano también ha responsabilizado al fiscalista Rafael Tormo y a su testaferro Jorge García Téllez en la trama societaria. Este último fue su mano derecha y quien toma las decisiones en materia mercantil y bancaria.
De hecho, según ha dicho, García Téllez recomendó abrir una cuenta a su nombre en Suiza donde conservar los 4,9 millones de euros procedentes de los 33,8 millones de dólares que Airbus abonó a la filial irlandesa Worldwide International tras cancelar un pedido de aviones para Air Comet.
"CALIDAD HUMANA"
De Cabo también ha presumido de tener una "gran calidad humana" y ha puesto como ejemplo que regaló a sus empleados vehículos por valor de 200.000 euros. En la causa, consta que regaló a su 'número dos', Iván Losada, un Ferrari Sessanta del que anteriormente era titular Gerardo Díaz Santamaría, hijo del expresidente de la CEOE. El precio del exclusivo modelo superaba los 300.000 euros en el mercado.
De la instrucción de este caso, denominado 'Crucero', se deduce que Díaz Ferran y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".
Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferran, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".
A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferran se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".
DENUNCIA DE LAS MAYORISTAS
El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferran tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente. En el caso del expresidente de la patronal, la Sala de lo Penal rebajó su caución a 10 millones.
A Díaz Ferrán se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.
El juez Velasco también envió a prisión el 5 de diciembre al cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares.
Además, fueron imputados en este procedimiento Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; Consuelo Garrido, mujer de De Cabo; el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual --Ignacio, José María, Gonzalo y Diana--.
