EUROPA PRESS
El Gobierno quiere elaborar una nueva ley para "clarificar las reglas del juego", que afectará a la Ley de Arrendamientos Urbanos, para dotar a esta actividad de "sistemas de calidad" y "seguridad jurídica"
PALMA DE MALLORCA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, ha avanzado este viernes que prevé mantener a principios de septiembre una reunión de trabajo con representantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para tratar la regulación del alquiler vacacional.
Así lo ha indicado Oliver en respuesta a una pregunta de los medios tras reunirse con la vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo del Govern balear, Bel Busquets.
Recientemente, la CNMC ha impugnado la regulación de pisos turísticos de Madrid, Bilbao y San Sebastián y ha avisado de que estudiaría la de Mallorca --cuyo Plan está en tramitación-- y la de Palma. En este contexto, Oliver espera poder reunirse con el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.
Turismo, que abordará en septiembre la regulación del alquiler vacacional en el marco del grupo de trabajo acordado con las CC.AA. en la Conferencia Sectorial, espera que el grupo de trabajo creado en paralelo por Competencia contribuya a unificar criterios.
Para ello, el Gobierno está trabajando en un documento que tratará con los directores generales y consejeros autonómicos en septiembre. El Gobierno quiere elaborar una nueva ley para "clarificar las reglas del juego" que, según ha indicado Oliver, afectará necesariamente a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en lo que respecta a la definición de la vivienda de uso turístico, para "separar totalmente lo que es un alquiler LAU de lo que no".
CALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
Precisamente, en la reunión con la consellera balear se ha abordado la regulación del alquiler turístico que el Gobierno quiere tratar junto a las comunidades autónomas. El objetivo es dar "cobertura legal" para que el alquiler turístico pueda disponer de "sistemas de calidad" y se dé "seguridad jurídica" tanto a administraciones, operadores y consumidores.
Por otro lado, Oliver ha considerado que "concretamente" la ley de Baleares "da seguridad jurídica", pero ha pedido no olvidar que "hay competencias europeas y estatales que intervienen".
