MÁLAGA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida está recabando apoyos institucionales para la Proposición de Ley que pretende regular los alquileres de viviendas que ha registrado Unidos Podemos en el Congreso y que busca "proteger a los ciudadanos del boom inmobiliario y turístico".
Así, el portavoz de IU-Para la Gente en Diputación, Guzmán Ahumada, ha presentado una moción que la coalición de izquierdas defenderá en la próxima comisión Especial de Cuentas, en la que se pide este apoyo.
"Las ofertas de alquiler en las ciudades son cada vez más escasas y caras", ha afirmado, añadiendo que "la proliferación de plataformas de 'economía colaborativa' ha sacado del mercado tradicional de arrendamiento a centenares de inmuebles que ahora se ofrecen únicamente a turistas".
En este sentido, ha agregado que "los inquilinos habituales ya no pueden permitirse seguir viviendo en los centros históricos, dado que la golosa rentabilidad del alquiler turístico, que puede ser cuatro veces superior al tradicional, ha cambiado por completo la situación".
De igual modo, el representante de IU ha recordado que los fondos de inversiones están comprando edificios enteros "y esperan con avidez" que acaben los contratos de tres años de los actuales inquilinos para dedicarlo a oferta turística "con precios abusivos para las familias".
"Hemos sufrido en este país una situación de emergencia habitacional sin precedentes porque durante años se potenció un modelo de crecimiento económico de burbuja, que ha acabado con cientos de miles de personas sufriendo ejecuciones hipotecarias --más de 700.000-- y desahucios --más de 600.000--", ha agregado.
En este punto, Ahumada ha alertado de que esta especulación se está trasladando a los alquileres y que la vi Constitución protege el derecho a una vivienda digna y adecuada, "refiriéndose al disfrute de la vivienda para toda la población, y no a la vivienda como un bien de inversión en el mercado, que es como la han concebido por los diferentes gobiernos centrales".
El también coordinador provincial de IU ha hecho un recorrido por la legislación desde los años veinte hasta la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964 que estableció condiciones muy favorables para los inquilinos, tales como limitaciones a la subida de los alquileres y prórroga indefinida a voluntad del arrendatario.
"Con la introducción de las políticas liberales de los primeros gobiernos socialistas , el panorama cambiaría radicalmente". En concreto, el Real Decreto Ley 2/1985 del 30 de abril suprimiría los beneficios de la legislación anterior para los inquilinos. Además de acortar la duración de los contratos y encarecer las rentas, el Real Decreto favoreció la progresiva desaparición de los alquileres propios de la legislación anterior, que se concentraban en los cascos históricos de las grandes ciudades del Estado, "desencadenando operaciones altamente especulativas".
"Toda la legislación posterior ha ido avanzando en ese proceso de liberalización reduciendo cada vez más la protección de los inquilinos: reducción de los plazos de duración del contrato, agilización del proceso de desahucio, fin de la renta antigua, entre otros", ha incidido.
PROPOSICIÓN DE LEY
Ha recordado, además, que el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado en el Congreso de los Diputados una Propuesta de Ley (PL) para mejorar el acceso al alquiler y regular la subida de los precios. La PL pretende modificar varios de los artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos para regular los alquileres abusivos y mejorar el acceso al alquiler, para garantizar así el derecho a la vivienda.
Entre las novedades que promueve la iniciativa registrada, está que los municipios, en coordinación con las Comunidades Autónomas, puedan declarar áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado (AUMVT) en las que, temporalmente y de forma justificada con criterios claros, pueda implementarse una regulación de precios, contención de rentas para evitar subidas abusivas en los alquileres.
La Proposición de Ley también aboga por volver a los contratos de cinco años --más cinco de prórroga--, dejando atrás la situación actual de tres años más uno de prórroga.
"Si queremos que el alquiler sea una opción estable para que las personas de este país puedan desarrollar un proyecto de vida con tranquilidad, sin el miedo a tener que estar constantemente moviéndose de barrio o incluso de ciudad, necesitamos contratos más largos", ha manifestado.
El texto presentado pretende también hacer una diferenciación entre personas físicas y personas jurídicas en cuanto a la prórroga. Esta Proposición de Ley pretende que si el propietario es una persona jurídica, por ejemplo una inmobiliaria o Socimi, y la persona inquilina ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales y quiere cumplir la prórroga de cinco años más, la persona jurídica estará obligada a concederla.
"Poner las políticas públicas al servicio de la consecución de los derechos constitucionales significa dotar de seguridad a los pequeños propietarios de vivienda y a las personas inquilinas", ha concluido.
