Goia destaca que "mantiene el equilibrio y preserva el carácter residencial", pero también "da respuesta" a este tipo de oferta
SAN SEBASTIÁN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado, en un pleno extraordnario y con los votos favorables de los partidos que conforman el Gobierno municipal (PNV Y PSE-EE), la nueva Ordenanza Municipal reguladora del uso de la vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico en la capital guipuzcoana. La oposición, EH Bildu, Irabazi y PP, ha votado en contra.
En su intervención en la sesión plenaria, el alcalde, Eneko Goia, ha señalado que esta ordenanza "es fruto de un proceso de análisis de la realidad y de un trabajo intenso" en el seno del Ayuntamiento y "ofrece respuesta a un fenómeno de reciente creación que no solo afecta a Donostia, y que merece una reflexión serena y una respuesta proporcionada".
El primer edil donostiarra ha subrayado que "el fenómeno de la vivienda turística debe poder convivir de forma racional y sostenible con lo que es una ciudad y el uso fundamental de una vivienda que, en una ciudad, debe ser el residencial". De este modo, ha destacado que esta ordenanza "mantiene el equilibrio y preserva el carácter residencial, pero también da respuesta a una demanda que existe".
Además, ha recordado que el Ayuntamiento "está realizando una importante labor en el seguimiento y control de este tipo de oferta". También ha asegurado que "es importante tener los medios suficientes para hacer cumplir el marco normativo del que nos hemos dotado. Unos medios que ya están trabajando con la normativa en vigor y que también lo harán con la nueva ordenanza".
Por su parte, el concejal delegado de Urbanismo Sostenible, Enrique Ramos, ha asegurado que se trata de una ordenanza "proporcional y proporcionada, que ha levantado muchas expectativas y ha suscitado el interés de numerosas ciudades del Estado".
En esa línea, ha explicado que "esta ordenanza supera el famoso debate de la primera planta, ya que además, establece y limita el número de pisos por edificio, pone condiciones de habitabilidad, de ocupación de la vivienda, de metros cuadrados mínimos, e impone la obligación de comunicar a todas las partes afectadas (Gobierno Vasco, Diputación foral de Gipuzkoa y propietarios) el inicio de la actividad".
Asimismo, ha apuntado que la ordenanza "impide que se ubiquen pisos turísticos en VPO y se declara de zona saturada a la Parte Vieja, limita la zona dos y permite la implantación de pisos turísticos en otras zonas de la ciudad".
Por su parte, el edil socialista Alfonso Gurpegui ha defendido que esta ordenanza "no es fruto de la improvisación", sino de "un trabajo constante y profundo para dar respuesta a este nuevo fenómeno turístico", al tiempo que ha incidido en que no han "escondido el problema debajo de la alfombra".
OPOSICIÓN
Los grupos de la oposición se han mostrado contrarios a la ordenanza. En ese sentido, el edil de EH Bildu Ricardo Burutaran ha puesto de relieve la "soledad" con la que el Gobierno municipal ha aprobado esta nueva ordenanza, la cual "debía ser considerada un asunto de ciudad, para cuya elaboración se debería haber contado con apoyos tanto políticos como sociales, pero que no ha conseguido ninguno, ni político ni social".
"Este Gobierno no ha sido capaz de llegar a ningún punto de encuentro con nadie, y todo parece indicar que se van a abrir multitud de frentes jurídicos con numerosos agentes sociales y económicos de la ciudad", ha advertido.
Además, ha criticado que el Ejecutivo de Goia "no ha hecho las cosas bien desde el principio" y ha lamentado que, pese a que la coalición soberanista "siempre" ha tenido "la puerta abierta" para negociar sus enmiendas, socialistas y jeltzales "no han querido negociar ninguna, ni siquiera la del Ensanche Oriental, que venía avalada por 76 organismos y vecinos" y que, a su juicio, "para nada" suponía "una petición inasumible por el Gobierno" local.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PP, Miren Albistur, ha denunciado que la nueva ordenanza "consolida la inseguridad jurídica en la regulación de estos alojamientos" y, a su juicio, supone "una oportunidad tirada a la basura que va a costar muy cara a todos los donostiarras".
Finalmente, el grupo de Irabazi Donostia ha afirmado que la regulación aprobada este jueves "no está pensada para proteger la vivienda, sino el negocio turístico", al tiempo que ha criticado que "favorece a las empresas de alquiler de pisos turísticos y resta viviendas para vivir".
