El cierre temporal del Parador de Ayamonte (Huelva) es una decisión "estudiada" y "consensuada", según el Gobierno

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha defendido en una respuesta parlamentaria que el cierre durante cuatro meses al año del Parador de Ayamonte (Huelva) es una medida que, como todas las aplicadas a los centros de la red, ha sido "estudiada, ponderada, valorada por la dirección y consensuada" finalmente con los representantes de los trabajadores.

En una respuesta parlamentaria al diputado Javier Barrero (PSOE), a la que ha tenido acceso Europa Press, se indica además que la decisión sobre el cierre temporal responde a "criterios de rentabilidad y demanda". Cabe recordar que este parador se libró finalmente del cierre total que la dirección de Paradores contemplaba en su propuesta inicial y sólo cerrará de noviembre a febrero.

En su comunicación, el departamento que dirige José Manuel Soria señala que al inicio de esta legislatura Paradores tenía pérdidas de 35,6 millones de euros, mientras que las acumuladas hasta 2011 eran de 77 millones y los ingresos se reducían a 238 millones a pesar de ampliar la oferta hotelera (plazas ocupadas) en un 17%.

En esta línea defiende que esa "crítica situación" es el resultado conjunto de una "evolución negativa" de la demanda a lo largo de los últimos cuatro años, general al resto del sector, y de una "desafortunada gestión" del equipo anterior, "que renunció a reconocer la realidad de la crisis, su amplitud e intensidad, y en consecuencia, dio la espalda a una gestión empresarial rigurosa tanto por el lado de los ingresos, como por el control de los gastos".

Así las cosas, defiende que ante esta situación, a finales de 2012, se decidió poner en marcha un plan de reestructuración de empleo "para asegurar la supervivencia de la compañía, adecuarse a la realidad de la demanda actual del sector, controlar los costes operativos, situarse en posición competitiva y reducir las pérdidas acumuladas desde 2007".

El Gobierno prosigue señalando que hasta la fecha de la presentación del expediente de regulación, en el mes de noviembre, la actual dirección ejecutó un plan de ahorro de costes y control de gastos que ha supuesto unos ahorros en torno a los 22 millones de euros en el acumulado del año 2012, con respecto al año 2011).

No obstante, esas medidas efectivas son "insuficientes" para alcanzar los niveles de reducción de costes necesarios, por lo que se hizo "inevitable" acometer una reestructuración de centros y de plantilla, "actualmente muy sobredimensionada y muy alejada de los estándares del sector".

En esa línea, concluye recordando que el pasado mes de enero, tras el periodo legal de consultas, se llegó a un acuerdo entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores que ha conseguido aunar la "imprescindible" garantía de viabilidad de la empresa a largo plazo con "el menor impacto posible" sobre el empleo y la estructura de la red.