MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
CCOO considera "predemocrática", "monstruosa" y "desproporcionada" la petición de ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas de Airbus que durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 se vieron involucrados en un altercado con la Policía a las puertas de la factoría de Getafe.
El sindicato asegura que la condena se basa en imputaciones falsas y que es una "vuelta de tuerca más en la cruzada del Gobierno contra las organizaciones sindicales".
En una rueda de prensa celebrada en su sede de Madrid a la que asistieron los imputados así como diversos representantes sindicales, los representantes de los trabajadores aseguraron que "no es un proceso judicial al uso, sino que es un proceso político" y como tal actuarán.
La instrucción policial por los incidentes vividos la madrugada del 29 de septiembre de 2010 a las puertas de la factoría Airbus en Getafe por la huelga general convocada contra los recortes del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha durado más de tres años.
La fiscal encargada del caso ha solicitado una pena de 8 años y tres meses para cada uno de ellos acusados de atentado contra la autoridad, delitos de lesiones y atentado contra la libertad de los trabajadores.
Los representantes sindicales aseguran que la acusación se basa en imputaciones falsas y que toda la instrucción ha sido un conjunto de "despropósitos y de irregularidades".
La fiscal hace una acusación en grupo, los mismos delitos y las mismas penas para los ocho sindicalistas que se vieron implicados en los acontecimientos.
Dos de ellos son veteranos sindicalistas: José Alcázar, expresidente del Comité de Interempresas que fue acusado cuando intentó mediar por sus compañeros; y Tomás García, presidente del Comité de Empresas de Airbus en Getafe.
"Se criminaliza a trabajadores por el mero hecho de defender algo justo. Es ilógico y sorprendente que en el año 2014 haya una acusación tan grave que no se recuerde en la historia de la democracia", afirmó Alcázar, quien recordó que en su empresa nunca han tenido ningún problema y que han mostrado siempre su apoyo el proyecto industrial
Por todo ello denuncia la presión por parte de la Fiscalía que, en su opinión, "recibe ordenes del Gobierno de turno para criminalizar a los sindicalistas".
"Iré y asumiré con toda la responsabilidad. Me enorgullece ser sindicalista y ser responsable de trabajadores. Nos imputarán y nos llevarán a la cárcel pero iremos con mucha honra porque la única acusación que nosotros entendemos y recibimos es que somos responsables de los trabajadores honrados y legales", aseguró orgulloso.
Desde la secretaria general de la Federación de Industria de Madrid de CCOO, su máxima responsable, Mercedes González, recordó el papel que juega Airbus en la industria del país y como empresa señera en el territorio.
"Es injusto que se ceben hoy con estos trabajadores que han hecho siempre una demostración de responsabilidad para con el proyecto industrial de nuestro territorio y del proyecto aeronáutico en la región", aseguró González, quien denunció que es "grave y peligroso" la actuación de la Fiscalía, que en vez de defender los derechos de los trabajadores, los criminaliza y además por la vía penal.
SIN PRECEDENTES EN LA DEMOCRACIA
El sindicato considera "exagerada" la pena solicitada por la fiscal y asegura que "no tiene precedente alguno en nuestra democracia". Para encontrar este tipo de condenas de cárcel "habría que remontarse a tiempos de la dictadura franquista"
Para el secretario de acción sindical de la Confederación Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, no es un problema jurídico sino que estamos ante un problema eminentemente político y la respuesta será totalmente política a nivel del estado y a nivel internacional.
"No es de recibo esta monstruosa petición fiscal. CCOO convertiremos esto en un juicio político como el Proceso 1001, en el que se juzgó a diez sindicalistas que en junio de 1972 fueron detenidos por la policía franquista cuando celebraban una reunión clandestina", explicó el líder sindical quien aseguró que la acusación es "una vuelta de tuerca más del Gobierno en su particular cruzada contra los sindicatos.
En este sentido, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, asegura que teniendo en cuenta que no se está produciendo un proceso judicial al uso se demostrará que estas acusaciones están injustificadas y son una "salvajada".
"Daremos la batalla en Getafe, en Madrid, en España y en Europa para denunciar este ataque sin precedentes en democracia contra el derecho de huelga y la libertad sindical en la empresa", concluyó.
