El régimen afecta a 970 instalaciones y 30 operadores aéreos
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley que regula el régimen a las Cortes del comercio de derechos de gases de efecto invernadero (GEI), que adapta la normativa actual a los nuevos objetivo de reducción de emisiones que la UE ha fijado como contribución al Acuerdo de París contra el cambio climático que fija una reducción de las emisiones del 40 por ciento en 2030 con respecto a 1990.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que con el nuevo régimen de comercio de emisiones se refuerza "de forma eficaz" el sistema en relación con los costes y se facilita la tecnología baja en carbono.
Este sistema es una de las herramientas de la Unión Europea para regular las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, de los sectores de la generación eléctrica y del transporte aéreo. En concreto, se refiere al dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), y algunos perfluorocarbonos (CF4 y C2F6).
Montero ha señalado que en 2019 se redujeron un 35 por ciento las emisiones de estos dos sectores en la UE y un 45 por ciento en España respecto a las cifras de 2005, el primer año en que comenzó a funcionar este régimen.
Además, ha precisado que este régimen afecta a 970 instalaciones y 30 operadores aéreos cuyas emisiones de GEI conjuntas representan el 40 por ciento de las emisiones totales de todos los GEI.
"Nuestra prioridad ha sido la lucha contra la pandemia pero no ha impedido que el Gobierno haya seguido trabajando en asuntos prioritarios, como es la lucha contra el cambio climático", ha defendido Montero que ha garantizado que España "no va a perder el tren de la revolución verde" que es una "oportunidad" para fortalecer el tejido productivo.
El proyecto que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, refleja las instrucciones y compromisos de la UE, publicadas el 19 de marzo de 2018 en el Diario Oficial de la Unión Europea, que en esa fecha publicó la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814.
La Directiva (UE) 2018/410 constituye el marco regulador de la Unión Europea para el periodo de comercio 2021-2030 (fase IV) del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE).
El texto que aprueba el Consejo de Ministros recoge la regulación en España de la cuarta fase (2021-2030) del RCDE UE, llevando a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2018/410; define las reglas comunes para todos los participantes en este sistema y establece los mecanismos para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías bajas en carbono.
Se trata de un instrumento de mercado que crea la figura del derecho de emisión, que es una autorización a emitir una tonelada de CO2 equivalente que puede ser objeto de compra venta.
El número total de derechos de emisión que se expide anualmente define la ambición medioambiental y la oferta en el mercado: cuanto menor sea ese total, menores las emisiones que se pueden producir y mayor el precio de derecho en el mercado, y al contrario. De esta manera se estimula la inversión a tecnologías más limpias que permitan a las industrias que operan en el sistema ser más eficientes.
1.000 INSTALACIONES Y OPERADORES AÉREOS AFECTADOS
En total, la UE cubre a más de 10.500 instalaciones fijas y cerca de 500 operadores aéreos, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se sitúan en torno a las 1.740 millones de toneladas de CO2 equivalente, alrededor del 40% del total emitido en los países participantes.
En España, este régimen afecta a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. Supone también en torno a un 40% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.
Aunque el método principal de asignación de derechos de emisión a las empresas es la subasta, continúa la asignación gratuita. La propuesta mejora las disposiciones sobre fugas de carbono, más enfocadas a los sectores en riesgo de fuga de carbono a través de la actualización de los niveles de referencia para reflejar el progreso tecnológico, mejorar la clasificación de los sectores en función de su riesgo de fuga de carbono y mayor alineamiento de los niveles de asignación a los niveles reales de producción.
Asimismo, los niveles de asignación podrán ser revisados para ajustarlos al nivel de actividad de la instalación cuando se produzcan variaciones de +/- 15%.
En todo caso, los Estados miembros podrán excluir del sistema a aquellas instalaciones de menos de 2.500 toneladas equivalentes de dióxido de carbono. El régimen de exclusión para instalaciones que emiten menos de 25.000 toneladas equivalentes de dióxido de carbono y hospitales, ya vigente en el periodo actual, seguirá existiendo.
El proyecto de ley plantea la creación de dos nuevos fondos, el Fondo de Modernización y el Fondo de Innovación, cuyo objetivo es financiar la transición hacia una economía baja en carbono.
El Fondo de Innovación fomentará el desarrollo de nuevas tecnologías otorgando ayudas para la construcción de grandes proyectos de demostración de escala pre-comercial en cuatro principales áreas de actuación: las energías renovables innovadoras, el almacenamiento energético, la descarbonización de la industria y la captura y almacenamiento o uso del CO2. Se espera que a lo largo de su vida este fondo distribuya a los proyectos elegidos más de 10.000 millones de euros.
Por su parte, el Fondo de Modernización es una herramienta únicamente accesible para los países con PIB per cápita inferior al 60% de la media de la UE, y deberá destinarse a modernizar los sistemas energéticos de estos países.
También se crea la reserva de estabilidad del mercado, que fue creada para hacer frente al excedente de derechos de emisiones circulante que situaba el precio del derecho de emisión en unos niveles muy inferiores a los necesarios para generar incentivos reales en la reducción de las emisiones. También se concibió para aumentar la resistencia del sistema ante futuros sucesos imprevistos en el mercado.
