MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno municipal de Getafe ha aprobado este miércoles por unanimidad rechazar la acusación contra ocho sindicalistas de la empresa Airbus para los que el fiscal pide 66 años de cárcel por los incidentes ocurridos a las puertas de la factoría en la huelga general de 2010.
En la moción de PSOE e IU, se solicita al Ministerio Fiscal que reconsidere la acusación realizada, "en aras de garantizar el cumplimiento del legítimo ejercicio del derecho constitucional a la huelga".
También se manifiesta la solidaridad con los trabajadores y sindicalistas acusados, "en la confianza de su honradez y el reconocimiento de que su labor sindical a lo largo de los años ha reportado beneficios para los trabajadores de Airbus, muchos de ellos vecinos de Getafe, así como al propio municipio".
Asimismo, se ha aprobado apoyar la manifestación convocada para el próximo día 14 de marzo, que tendrá inicio en la fábrica de Getafe y concluirá en el centro de la ciudad, así como cuantas movilizaciones sean convocadas por los sindicatos y el Comité de Empresa.
En la moción se ha recordado que el día que sucedieron los hechos, desde primeras horas de la mañana, varios centenares de trabajadores de Airbus se concentraron en la entrada de la fábrica "como expresión pública de su adhesión a la huelga general".
"La presencia en la puerta de la fábrica de un buen número de unidades policiales antidisturbios, y su actitud ante los trabajadores y trabajadoras concentrados, creó un clima de tensión y, según han manifestado los trabajadores presentes, el comportamiento de la policía no contribuyó al normal desarrollo de la huelga, sino que propicio que se produjeran diversos incidentes que culminaron con el uso por parte de los agentes antidisturbios de sus armas, realizando al menos siete disparos", han indicado en la propuesta aprobada.
INSTRUCCIÓN JUDICIAL
PSOE e IU consideran que, según manifestación expresada por los afectados, la instrucción judicial "ha presentado graves deficiencias, entre las que destacan la acusación al presidente del Comité Interempresas, máximo responsable sindical en la empresa, por el solo hecho de intentar impedir los incidentes que se estaban produciendo, dirigiéndose a los responsables policiales, y propiciar una solución pacífica".
Igualmente fueron acusados otros dos sindicalistas a raíz de que acompañaron al presidente del Comité Interempresas en su declaración ante el Juez Instructor, y la acusación se amplió a otros sindicalistas "por el solo hecho de haber acudido a los servicios médicos de la empresa para ser atendidos de las heridas que les ocasionaron los policías antidisturbios durante la violenta carga policial".
Además, han recordado que el pasado 7 de enero, el Juzgado de Instrucción procedió a la apertura del juicio oral tras la acusación del Ministerio Fiscal contra ocho sindicalistas, en la que se solicita pena de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de ellos, además de una fianza de 31.059 euros, de la que los acusados han de responder conjunta y solidariamente, "sin que en la instrucción realizada se determine la responsabilidad y participación de cada uno de los acusados".
En opinión de PSOE e IU, "no solo sorprende la instrucción, sino también la acusación formulada por el Ministerio Fiscal que solicita la misma pena para cada acusado sin identificar las conductas individuales de cada uno de los acusados".
"Además de poner en evidencia la inconsistencia de la acusación, sitúa a éstos en un clara indefensión jurídica que no debiera permitirse en un estado de derecho, por lo que ante las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto en todo el proceso sería aconsejable y expresión de salud democrática que el Ministerio Fiscal retirase las acusaciones contra los ocho sindicalistas para despejar cualquier duda de que se encuentren ante un juicio político que lo que intenta es criminalizar el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical", han concluido.
