España apoya el acuerdo de la UE sobre la asignación de franjas horarias en los aeropuertos

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha apoyado en el Consejo de Ministros de Transporte celebrado este lunes en Luxemburgo el contenido de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las reglas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos de la Unión Europea, según ha informado este lunes el Ministerio de Fomento en un comunicado.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha recordado que el transporte aéreo ha experimentado en el seno de la Unión Europea un crecimiento espectacular desde la liberalización iniciada en los años 90 y se constituye ya como un mercado maduro, pero con perspectivas de seguir creciendo de forma más pausada en el medio plazo.

En este sentido, ha incidido en que las regulaciones comunitarias deben encaminarse a permitir el desarrollo sostenible de este medio de transporte, optimizando el uso de la capacidad existente, más allá de la posibilidad de incrementar la capacidad disponible en un determinado aeropuerto.

El Ministerio ha mostrado su apoyo a la regulación del mercado secundario de 'slots', que constituyen un paso muy importante en la optimización del uso de la capacidad existente en nuestros aeropuertos.

AUMENTAR LA CAPACIDAD Y REDUCIR RETRASOS.

El objetivo de esta medida es aumentar la capacidad aeroportuaria y reducir los retrasos. La normativa actual no prevé que las compañías compren y vendan sus derechos de aterrizaje y de vuelo, pero tampoco lo prohíbe explícitamente. Ello provoca un tratamiento diferente en cada Estado miembro, ya que estos intercambios existan en países como Reino Unido pero estén prohibidos en España.

En contra de lo que defendía la Comisión, el compromiso final permite a los Gobiernos imponer restricciones nacionales a esta compraventa si detectan que causa problemas. Cualquier limitación tendrá que notificarse en todo caso a Bruselas, que deberá autorizarla.

Este compromiso ha permitido reconciliar las diferencias entre los Estados miembros, que iniciaron la negociación divididos. España, Alemania y Francia --y otros países como Bulgaria, Dinamarca, Grecia o Portugal-- reclamaban poder imponer restricciones nacionales a la libre comercialización de derechos de vuelo.

Estos Gobiernos se inquietaban sobre la incidencia negativa que un mercado secundario puede tener sobre los vuelos regionales, económicamente menos rentables, y del riesgo de especulación con los 'slots'.

En el bando contrario se situaban Reino Unido, Suecia, Holanda, Letonia, Bélgica e Italia, que defendían la liberalización total y una aplicación uniforme del sistema. Estos países han dejado claro durante el debate que sólo aceptarían restricciones nacionales si tienen carácter temporal y cuentan con la aprobación de Bruselas.

Tras varios intentos fallidos, el compromiso final recoge que las restricciones deberán ser "transparentes, no discriminatorias y proporcionadas". Deberán notificarse a Bruselas, que tendrá que pronunciarse en un plazo de tres meses y el Estado miembro en cuestión deberá acatar la decisión.