De 2012 a 2017 los residentes en las islas han disfrutado de casi 82 millones de billetes aéreos y marítimos, con un descuento del 50% gracias a las subvenciones
MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
La secretaria general de Estado de Transporte, Carmen Librero, ha informado hoy que España cuenta con 20 rutas aéreas declaradas de Obligación de Servicio Público (OSP), de ellas 13 en Canarias, cuatro en Baleares, una en Andalucía y dos en Extremadura. Fomento financia de media el 65% del coste del billete de los servicios declarados obligatorios.
Del total de 20 enlaces aéreos de servicio público, doce no cuentan con compensación estatal pero en seis de ellas ha sido necesario sacar su explotación a licitación para que el Estado pueda compensar el déficit de la operativa de los operadores, según ha explicado.
Librero, que intervino en el Congreso ante la Comisión de Fomento para dar cuenta de la dotación de la Secretaría, detalló que el presupuesto de compensación para estas rutas asciende a 7,4 millones de euros para enlaces en Canarias, la ruta Madrid-Menorca en los meses de temporada baja en invierno principalmente, y la nueva OSP de Melilla a destinos en la Península.
Así, se incluyen tres millones de euros para la nueva OSP que conectará Melilla con Almería, Granada y Sevilla, aprobada el pasado mes de diciembre y en proceso de tramitación.
En cuanto a la OSP entre Almería y Sevilla (tarifa máxima 130 euros) la compensación al operador corre a cargo de la Junta de Andalucía, y ocurre lo mismo en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona, tras el desarrollo realizado en colaboración con la Junta de Extremadura, un contrato este último que se licitó el pasado 12 de abril, en este caso por nueve millones de euros.
Para 2018 Fomento ha presupuestado 1.204 millones de euros en el proyecto de Ley de los PGE para las obligaciones OSP en el conjunto de los transportes (ferrocarril, aéreas y marítima).
SUBVENCIONES AL TRANSPORTE AÉREO.
En el capítulo de subvenciones al transporte en territorios no insulares, a familias numerosas y en transporte de mercancías con origen o destino en Canarias y Baleares, así como en las llamadas autopistas del mar lo presupuestado para este año asciende a más de 579 millones de euros.
De esta cantidad, 492 millones se destinarán a las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo en zonas insulares, cifra que supone un aumento de 68 millones de euros con respecto al pasado año.
La Ley de PGE garantizaba el 50% de la subvención al desplazamiento por vía aérea y marítima insulares, de los que disfrutan los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; del 50% para los trayectos interinsulares por vía marítima; y se ha reforzado al 75% en vuelos interinsulares.
En cuanto a los problemas pasados con las subvenciones, Librero explicó que Fomento cuenta con un sistema de fiscalización de las bonificaciones, diseñada específicamente, y que esto ha permitido en momentos pasados reclamar a compañías aéreas cantidades que no estaban siendo bien justificadas.
Entre 2012 y 2017 los residentes fueran de la Península han "disfrutado de casi 82 millones de billetes aéreos y marítimos pagando solo el 50%", ha destacado Librero.
A esto se añaden los descuentos del 30% en transportes de mercancías de carga y la nueva subvención de hasta el 50% para mercancías a Ceuta y Melilla, en desarrollo parlamentario.
MÁS DE 12.610 INSPECCIONES EN SEGURIDAD AÉREA.
En cuanto a la seguridad aérea, Librero indicó que se mantiene la dotación de años anteriores con 78,8 millones de euros para la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que se financia con cargo a sus propios ingresos y sin aportaciones, donde el grupo de su facturación procede de la tasa de seguridad (0,6 euros) por pasajero de salida, por lo que percibe 67 millones de euros.
La AESA, cuya labora es de supervisión, realizó más de 12.613 inspecciones durante el año 2017, ha explicado Librero. La secretaria general de Transporte indicó que la dotación de para este año permitirá reforzar la seguridad y avanzar en la mejora de la protección de los derechos de los pasajeros y en equilibrar el impacto del transporte aéreo con la sostenibilidad mediambiental.
A lo largo de este año, las inversiones contabilizadas para este organismo, dependiente de Fomento, se centrarán en la dotación de equipamientos y sistemas para sus sistemas de supervisión. Destacan los 12 millones de euros para acometer obras en su sede en Madrid, una cuantía que reconoció figura en varios años, por problemas en la contratación, pues una de las empresas contratadas suspendió pagos y hubo que reiniciar el proceso.
