Las medidas cautelares que pide Canarias ante la OPV de Aena carecen de "fundamento y de posible estimación"

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

ENAIRE, matriz de Aena y agente privatizador, ha señalado hoy que las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Canarias en la ampliación de recurso contencioso-administrativo presentado por el Ejecutivo de Paulino Rivero, "carecen de fundamento y de posibilidad de estimación".

En un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ENAIRE entiende que esta nueva circunstancia "no constituye un factor significativo a la información ya contenida en el folleto susceptible de afectar a la evaluación de los valores".

El Gobierno de Canarias ha presentado un escrito de ampliación del recurso interpuesto el pasado 11 de julio, apelando al art. 33.13 del Estado de Autonomía de Canarias, que atribuye la comunidad autónoma canaria las competencias ejecutivas sobre los ocho aeropuertos canarios en caso de que el Estado renuncie a la gestión directa de los aeropuertos.

En la ampliación de dicho recurso, solicita como medidas cautelares la exclusión de los aeropuertos de interés general situados en Canarias del inmovilizado patrimonial que integra el patrimonio de Aena y la incorporación de la información relativa a la interposición del recurso en el folleto de la OPV.

NO AFECTA A LA TITULARIDAD NI A LA GESTIÓN.

Según recoge el folleto de la propia OPV, en caso de prosperar dicha reclamación tendría como resultado el traspaso a la comunidad canaria de dichas competencias, que se traducen en la posibilidad de dictar reglamentos para la regulación para su propia competencia funcional, en materia de asistencia de tierra a aeronaves y viajeros y de explotación de la superficie de los aeropuertos.

No obstante, Aena indica que en ningún caso afectaría a la titularidad ni a la gestión por parte del gestor aeroportuario, que sacará mañana al mercado hasta el 28% de su capital, de los ocho aeropuertos canarios que son competencias en las que no se discute la reserva a favor del Estado.

El referido traspaso de competencias, en cualquier caso, debería ser acordado, por la Comisión Mixta paritaria integrada por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma Canaria prevista en el Estaturo de Autonomía y posteriormente formalizado a través del correspondiente Real Decreto.