MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Propietarios de la población Ciudad Santo Domingo, en la localidad de Algetese ha dirigido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que tenga en cuenta una serie de precisiones respecto al folleto de Oferta Pública de Venta (OPV) de Aena, de cara a que se tenga en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a cesar los niveles de ruido que sufre la urbanización por el tráfico aéreo, es "firme" y sus efectos son cuantificables.
En su escrito, el colectivo vecinal detalla también que en ese folleto no recoge que el proceso está impulsado por "todos los vecinos" de la zona y emite esas puntualizaciones a la CNMV por si considerara que tiene que sacar un folleto suplementario sobre esta circunstancia.
En un comunicado, el colectivo expone que ha remitido un escrito de contigencia haciendo constar que en el folleto de salida a bolsa de Aena se refleja la "inejecución" de la sentencia del Tribunal Supremo, indicando que puede dar lugar a "pasivos exigibles" y que "no es posible cuantificar".
Aparte, el colectivo entiende que Aena está siendo "poco prudente" al no matizar esta información y observa que "la ejecución a término de la sentencia del Tribunal Supremo y su aplicación debería procurarse antes del lanzamiento de la OPV".
Recalcan que Aena no especifica en esa información que se trata de una sentencia firme por lesión continuada del derecho fundamental al descanso por el ruido del tráfico aéreo derivado de la actividad de la pista 18-R.
En este punto, apuntan que el impacto de esta sentencia es cuantificable dado que en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se instaba a reducir el 30 por ciento de los vuelos de dicha pista que se registraron en 2004, un fallo que ha sido recurrido por Aena.
También indican que la solución al conflicto es posible y detallan que en las cartas de navegación de la AIP recoge que la pista 18-R va a sufrir labores de mantenimiento entre el 17 de abril y 17 de mayo y no será utilizada. En este punto, remarca que simplemente debería ser permanente ese periodo de cese de actividad para resolver el conflicto.
Los afectados también se han dirigido a la Secretaria General de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen Librero Pintado y a la Ministra de Fomento, Ana Pastor Julián, para que informen si está en su intención cumplir la sentencia firme dictada por el Supremo.
