El Gobierno dice que sin la segregación se dejarían "sin ningún uso" tramos de vía ejecutados por valor de 11.250 millones de euros
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La nueva entidad Adif-Alta Velocidad, que resultará de disgregar la gestión de la red convencional y la de alta velocidad en dos empresas, deberá modificar "reprogramar" inversiones si el presupuesto pone en riesgo la consideración a efectos de contabilidad, lo que podría conllevar un incremento en el déficit público.
Así lo reconoce en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley sobre Reestructuración de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes y que ya ha sido remitido al Congreso.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que las razones de separar ambas entidades responde a dos razones. Por una parte, la "necesidad de profundizar en la racionalización del sector ferroviario, en un escenario de progresiva liberalización" y, por otra, la adaptación al cambio de las normas del Sistema Europeo de Cuentas para el cálculo del déficit y la deuda pública en términos de contabilidad nacional.
Y es que con el nuevo SEC 2010 los ingresos de la actual Adif no cubrirían el 50% de los costes de producción, ratio que según las reglas de contabilidad llevaría a que la entidad fuera considerada una entidad perteneciente al sector de las administraciones públicas y, por tanto, su déficit contabilizaría en el conjunto del de la Administración General del Estado.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Así, para alcanzar el ratio "adecuado" entre ventas y costes de producción, Adif-Alta Velocidad integrará las líneas de alta velocidad, las áreas con ratio igual o superior al 100%, los negocios de estaciones de alta velocidad y la actividad de telecomunicaciones, la energía, centralizando además el suministro de electricidad a la Red Ferroviaria de Interés General, incluyendo las infraestructuras que queden en manos de Adif.
Estos ingresos, junto con el resto de ingresos que se obtengan de los operadores ferroviarios que presten servicio en sus infraestructuras, permitirán mejorar el ratio del resto de negocios, para alcanzar el objetivo del 50%, aunque Adif-Alta Velocidad también deberá racionalizar sus inversiones y optimizar los cánones en lata velocidad, ya que no tendrá ingresos del Presupuesto General del Estado.
Y si todas esas precauciones no permiten garantizar la ratio de cobertura, la empresa deberá "reprogramar" la presupuestación y ejecución de las inversiones en el tiempo y en la cuantía, "de modo que en ningún caso podrán acometerse inversiones que pongan en riesgo" la inclusión de la empresa en el sector empresas.
Además, el Ejecutivo justifica la utilización de un decreto ley para acometer este cambio argumentando que "la primera transmisión de datos en términos del nuevo SEC 2010 ha de llevarse a cabo en septiembre de 2014 sobre las cuentas del año 2013, por lo que resulta preciso que la escisión se lleve a cabo cuanto antes". "Es preciso que cuanto antes se realice el proceso de segregación de cuentas, ya que los efectos contables de dicha segregación deben retrotraerse al 1 de enero de 2013, máxime teniendo en cuenta la magnitud de los activos que hay que segregar", insiste.
NO MÁS GASTO
En cualquier caso, el Gobierno asegura que esta decisión "no supone incremento de los gastos en materia de recursos humanos" ni de gasto público, y señala que si Adif quedase dentro del balance de las administraciones públicas "se dificultaría la continuación de la ejecución de obras iniciadas que son prioritarias" para el Ejecutivo.
De hecho, señala que el efecto de la paralización de esas inversiones sería que los tramos ya concluidos de las líneas en ejecución no podrían utilizarse, ya que "las nuevas infraestructuras ferroviarias sólo pueden dar servicio una vez finalizadas por completo", lo que conllevaría dejar "sin ningún uso" obras por valor de 11.250 millones de euros.
Por otra parte, el decreto incluye previsiones sobre la asignación de bienes para cada una de las empresas disgregadas, que se transferirán "a título gratuito", así como la obligación de que tanto Adif como Adif-Alta Velocidad tengan un inventario de terrenos actualizado.
Asimismo, se recoge la previsión de que las emisiones de obligaciones y otros títulos de deuda que efectúe la nueva empresa se rijan por la Ley de Sociedades de Capital, salvo que estén exclusivamente dirigidas a inversores institucionales o profesionales y se efectúen bajo ley extranjera.
De este modo, se agilizan los trámites para que Adif-Alta Velocidad pueda cubrir sus necesidades de financiación de forma rápida una vez empiece a funcionar, "aprovechando la situación favorable actualmente existente" en los mercados internacionales, ante la previsión que hace el Gobierno de que "pueda ser coyuntural, pudiéndose producir a corto plazo tensiones en los mercados financieros que provoquen en un futuro próximo un nuevo cierre de los mismos".
HIDROCARBUROS
Finalmente, en relación con los cambios en la Ley del Sector de Hidrocarburos que se incluyen en el decreto, el Ejecutivo pretende adaptar la normativa nacional a las nuevas obligaciones impuestas por una directiva europea sobre los niveles mínimos de reserva de crudo o productos petrolíferos a los que están obligados los estados miembros "a fin de evitar un procedimiento de infracción" de la Comisión Europea contra España.
No obstante, el Gobierno asegura que estas modificaciones "no suponen ningún cambio sustancial respecto al actual funcionamiento del sistema" y que, una vez estén traspuestas en todas las legislaciones nacionales, permitirán tener "una respuesta conjunta a nivel de la UE en caso de crisis del mercado petrolífero".
