Concluye que el imputado en el caso 'Poniente' "incumplió" con sus funciones y causó "grave perjuicio" a la tesorería
ALMERÍA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exinterventor en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) José Alemán, imputado clave en el caso 'Poniente' que investiga una presunta trama de corrupción empresarial en torno a este Ayuntamiento, no podrá reincorporarse a su puesto municipal ya que la juez ha considerado ajustado a derecho su separación del servicio por contabilizar más de 43 millones de euros "inexistentes" como derechos de cobro pendientes de pago en los presupuestos locales de 2007 y 2008.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería concluye, tras la vista celebrada el 19 de septiembre, que Alemán "incumplió sus funciones" que, como interventor accidental, consistían en el control y en la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestara del Ayuntamiento de El Ejido y que, de este modo, "causó graves perjuicios a la tesorería" del Consistorio ejidense.
La sanción recurrida por Alemán se materializó en febrero de 2012 mediante un decreto del alcalde, Francisco Góngora (PP), al quedar acreditado en un expediente interno que contabilizó "a sabiendas de que eran inexistentes" y "en aplicación de criterios de contabilidad agresiva con vulneración de los principios de prudencia contable y devengo", casi 43 millones de euros como derechos de cobro pendientes de pago en los presupuestos de la corporación local ejidense correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.
Los hechos fueron tipificados como una falta continuada y tipificada como muy grave en el Estatuto Básico del Empleado Público consistente en el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas y llevó a su separación del servicio.
La resolución, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, sostiene que está "motivada" la separación de funciones del exinterventor al quedar debidamente probados los hechos denunciados e indica que la sanción impuesta es "proporcional" teniendo en cuenta la gravedad de esos mismos hechos.
En esta línea, corrobora que hubo un "grave perjuicio" a la contabilidad del Ayuntamiento del Ejido, así como para el "interés general", ya que al contabilizarse en las liquidaciones de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 derechos de cobro inexistentes, "contribuyó a distorsionar la imagen contable del Ayuntamiento de El Ejido, con el consiguiente incremento del capítulo de gastos, lo que generó un importante déficit y endeudamiento de la corporación, con el peligro que ello suponía para los servicios públicos que el Consistorio debe prestar y para la calidad de los mismos".
El abogado de Alemán aseguró en la vista que el informe en el que se basó la apertura de expediente disciplinario por falta "muy grave" parecía "inventado o directamente falso" en lo que ha tildó de "fullería para cargarse a un señor que hacía perfectamente su labor".
Indicó, asimismo, que existía "una quiebra flagrante del principio de acusación" por parte del Ayuntamiento de El Ejido, ya que, a su juicio, "ésta se sustenta en hechos probados que dan por buenos datos inventados", lo que, según ha señalado, "no es suficiente para un castigo tan grueso como es el de expulsar a un funcionario de la carrera pública".
Para su abogado, cuyas palabras estuvieron respaldadas en todo momento gestualmente por Alemán, quien acudió a sala con su esposa, Isabel Carrasco, también imputada en el caso 'Poniente', se pretendía que su patrocinado fuese "chivo expiatorio" de una "cuestión" que "no deriva de su supuesta falta de diligencia sino del estallido de la burbuja inmobilaria".
SENTENCIAS PREVIAS DESFAVORABLES
Este procedimiento era la "penúltima oportunidad" de Alemán para conseguir su reincorporación al Consistorio después de que se hayan dictado resoluciones en contra de sus intereses en hasta ocho ocasiones, tanto en primera instancia como ante el Alto Tribunal andaluz ya que recurrió el despido por vía ordinaria y por vía especial de protección de derechos fundamentales, y además pidió la adopción de medidas cautelares.
La última resolución, del TSJA y consultada por Europa Press, se dictó a principios de septiembre y en ella se desestimaba su recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-número 1, que se encargó del caso por vía especial, además de condenarle a costas.
La citada sentencia subrayaba que la decisión sancionadora municipal contó "con pruebas de cargo constituidas sustancialmente" por los propios informes emitidos por el recurrente, en los que reconocía "el empleo de técnicas contables agresivas", así como el informe de la intervención de julio de 2011 "que explica las reglas de valoración y contabilización que deben observarse con la obligación de cesión del 10 por ciento de aprovechamiento urbanístico".
"Asimismo --añadía-- está el informe del Jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido en el que se expone la situación de los sectores respecto de los cuales se había reflejado el derecho de crédito a favor del municipio, amén de la propia prueba documental contable relativa a los presupuestos de la corporación local ejidense de los años 2007 y 2008".
