Andalucía saluda "la voluntad" del Gobierno de incluir las 35 horas en los PGE de 2018

 

Andalucía saluda "la voluntad" del Gobierno de incluir las 35 horas en los PGE de 2018

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La consejera María Jesús Montero atiende a los medios a su llegada al CPFF
EUROPA PRESS
Actualizado 17/07/2017 18:15:58 CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha saludado este lunes el pronunciamiento del Gobierno de España, a través del secretario de Estado para las Administraciones Públicas, Roberto Bermúdez de Castro, quien al término de la comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidente ha trasladado la intención de introducir una modificación en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que permita implantar la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos.

Ante este anuncio, en un comunicado, la Consejería que dirige María Jesús Montero ha mostrado su satisfacción, ya que permitirá "al Gobierno andaluz continuar con su hoja de ruta y revitalizar los servicios públicos con mejores condiciones laborales y nuevas contrataciones". Además, han señalado que "tras este anuncio no tiene sentido la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía, pues supondría una alteración en la planificación de los servicios públicos".

"Sería poco lógico suspender la medida en Andalucía y aprobarla tres meses más tarde en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado", han afirmado. De este sentido, han mostrado la buena acogida tras las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien ha aludido a su intención de "evita la conflictividad".

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha asegurado que se muestra "abierta al diálogo", pero indica que "la única manera de permitir el diálogo es no solicitar la suspensión cautelar de las 35 horas en Andalucía". En este sentido, desde la Consejería se destaca que "si realmente hay voluntad de diálogo no habrá suspensión cautelar de la medida, y menos para tres meses que quedan para que el Gobierno central apruebe el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018".

La Consejería ha recordado que tres meses fue el tiempo que transcurrió entre la aprobación de la norma por el Gobierno y su entrada en vigor en enero de 2017, pues tres meses es precisamente el tiempo técnico mínimo para adaptar la jornada laboral de los empleados. De ahí que por ese plazo deje de tener sentido la suspensión cautelar de la medida.

La extensión de la iniciativa andaluza al conjunto del Estado en los próximos presupuestos permitirá que la recuperación llegue a las familias y no se quede solo en macrocifras alejadas de las necesidades de los ciudadanos, la gran prioridad de la presidenta Susana Díaz.

IGUALDAD DE LOS FUNCIONARIOS EN TODA ESPAÑA

La Consejería de Hacienda también se ha referido a las palabras de distintos dirigentes del Gobierno y del PP andaluz defendiendo el recurso de inconstitucionalidad aludiendo a la obligada igualdad de los funcionarios en el conjunto del Estado. Sin embargo, la jornada laboral nunca ha sido igual en el conjunto de las comunidades autónomas. De hecho sólo Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y País Vasco regularon la jornada laboral de 35 horas. Es decir, nunca hubo igualdad en la jornada laboral.

Lo único que hubo por cuestiones económicas es una limitación en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que estableció que la jornada de los funcionarios no podía ser inferior a treinta y siete horas y media semanales.

Una medida que choca con el Estatuto Básico del Empleado Público, ley estatal, que en su artículo 47 asigna a las comunidades autónomas la capacidad para organizar la jornada de sus empleados. Y estas así lo han venido haciendo. De hecho, ni el Gobierno ni las Cortes cambiaron esta ley. Sólo introdujeron un límite genérico por razones económicas en la ley de Presupuestos de 2012, que no ha venido incluyéndose en las leyes de presupuestos de ejercicios siguientes.

De este modo, se trata de una regulación de carácter económico para limitar el gasto, y no de una cuestión jurídica competencial. De este modo, una vez superado lo peor de la crisis las Comunidades y el propio Gobierno central, en función de sus competencias y capacidades han ido devolviendo derechos que quedaron aparcados durante la crisis. Y es en este contexto, y fruto del acuerdo sindical, por el que Andalucía recuperó las 35 horas semanales. Por tanto, no tiene sentido aludir a una igualdad que nunca existió a no ser que se utilice la igualdad sólo como coartada para mantener recortes y no como aspiración de unas condiciones vitales y laborales más dignas.

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