Advierte que el canon que se cobra "tiene que estar pactado en cada contrato", pero en los que no está pactado "no se puede cobrar"
CÓRDOBA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Córdoba ha abierto un nuevo procedimiento contra la empresa Gas Natural por mantener supuestos cobros indebidos de determinadas tasas a usuarios de la región, después de que el Tribunal Supremo (TS) ratificó en noviembre de 2007 una sentencia de la Audiencia de Córdoba en la que se declara irregular el cobro que la empresa hizo de los derechos de alta entre 1997 y 2004 y de las instalaciones comunes entre 1997 y 2005 a usuarios de toda Andalucía.
En declaraciones a Europa Press, tras adelantar la noticia Radio Córdoba, el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín Caro, ha informado de que el Ministerio Público ha presentado una demanda a finales de 2011 y se está tramitando en el Juzgado de lo Mercantil de la capital cordobesa, en el que en unos días se celebrará una vista a tal efecto con el fin de solicitar medidas cautelares, "para intentar evitar que se siga cobrando el canon de Instalación Receptora Común (IRC)".
En este sentido, detalla que "ese canon para cobrarlo con arreglo a la actual legislación tiene que estar pactado en cada contrato", por lo tanto, según agrega, "en contratos anteriores en los que no se incluyó y no está pactado no se puede cobrar", tal y como advierte que se está produciendo con clientes de la compañía en Andalucía.
Es por esta razón por la que el fiscal jefe invita a "cualquier persona que sea cliente de la empresa que mire su recibo, vea que viene un apartado que pone canon IRC y comprobar que lo siguen cobrando". No obstante, precisa que "habrá algunos contratos que ya se hayan pactado con la nueva legislación y efectivamente por legalidad lo puedan cobrar, pero los anteriores no".
A ello se suma la sentencia de la Audiencia de Córdoba sobre los cobros irregulares de la entidad entre 1997 y 2005, causa en la que la Fiscalía sigue "con la intención de ejecutar la sentencia", aún por satisfacer con más de 200.000 afectados andaluces. Al respecto, el fiscal asegura que "no es nada fácil por la sencilla razón de que la legislación no contempla específicamente un proceso de ejecución colectiva" y "más aún cuando los datos los tiene la compañía".
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Córdoba y la Fiscalía llevaron este caso a la Justicia en 2003 después de recibir varias reclamaciones. Gas Natural Andalucía decidió retirar en julio de 2007 el recurso de casación interpuesto en el Tribunal Supremo contra la sentencia en la que se declaraba que los cobros por derechos de alta y las instalaciones comunes eran indebidos, ya que esos dos aspectos no estaban regulados en la comunidad andaluza.