SEVILLA/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario del PPdeG registró una iniciativa en la Cámara autonómica en la que reclama que el Gobierno central elabore, en colaboración con las comunidades autónomas, una normativa que regule el derecho a una muerte digna. En este sentido, reconoce la "aportación" de Andalucía que, recientemente, dio luz verde a una ley en este sentido y que contó con el apoyo del PP salvo en algunos artículos.
De esta manera, los populares gallegos pretenden que el Ejecutivo central defina los instrumentos de medida como estadísticas, indicadores y directrices, al tiempo que promueva una evaluación comparativa y el intercambio de prácticas más adecuadas con el fin de incorporar las potenciales mejoras, en aras de "asegurar la equidad del derecho a una muerte digna en todo el territorio del Estado".
En un comunicado de prensa, el PPdeG consideró que los derechos de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud deben "ser universales" y, por lo tanto, le corresponde al Gobierno central "velar por la equidad en los derechos de los ciudadanos". A este respecto, el portavoz de Sanidade del grupo popular, Rosendo Fernández, lamentó la "ausencia del liderazgo" del Ministerio de Sanidad y Política Social, lo que "provocó enormes desigualdades" en el tratamiento de estos derechos entre las distintas autonomías.
Rosendo Fernández hizo referencia, asimismo, a la Ley de Derechos y Garantías de Dignidad de las Personas en el Proceso de Muerte, aprobada por el Parlamento andaluz, que "no hace sino recoger los principios ya aprobados en otras legislaciones anteriores". Así, indicó que Valencia y Navarra "fueron las primeras en regular el principio de limitación del esfuerzo terapéutico" a través del testamento vital.
El parlamentario del PPdeG también reivindicó que su partido fue el "primero" en elaborar, en el Gobierno central en el año 2000, las "bases para el desarrollo de un Plan Nacional de Cuidados Paliativos", así como en regular jurídicamente los ciudades en la Ley 41/2002.
Tras reconocer la "aportación" de la ley andaluza, Rosendo Fernández insistió en que "se debe garantizar la equidad en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos a una muerte digna", por lo que subrayó la "necesidad de alcanzar una normativa básica" para el conjunto del Estado.
