GRANADA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha presentado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de la nueva Oficina Judicial y Fiscal aprobado por el Gobierno andaluz, solicitando su suspensión.
En el citado recurso, consultado por Europa Press, el sindicato justifica esta petición en que esta norma "vulnera" el derecho fundamental a la negociación de las condiciones de trabajo y del ejercicio a la libertad sindical.
Para este sindicato, se trata de una norma que "incide y modifica, directa e indirectamente, las condiciones de trabajo de los funcionarios, estableciendo una modificación sustancial de las mismas, que ha de ser negociada obligatoriamente con las organizaciones sindicales" en la mesa sectorial de Justicia de Andalucía.
En este sentido, el recurso matiza que el citado decreto no ha sido objeto de negociación con los sindicatos, "habiéndose conferido únicamente traslado a efectos de cumplimentación del preceptivo trámite", y advierte de la "exigencia legal y constitucional" de negociación de las condiciones de trabajo de los empleados.
Esto "no puede suplirse mediante el indicado trámite", señala STAJ en su recurso, en el que solicita la suspensión del decreto, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado 23 de enero.
El sindicato advierte en un comunicado además de que cualquier modificación del sistema de trabajo en la Justicia debe de contar "con el colectivo más numeroso que la sustenta", dado que los funcionarios de justicia son más del 90 por ciento de la plantilla que trabaja en esta administración, "pues de otra forma, no tiene garantías de llegar a buen puerto".
También considera que la verdadera modernización que precisa la Administración de Justicia en general y la andaluza en particular debe ir acompañada de una "importante inversión" en medios tecnológicos y materiales que no frustren las expectativas de conseguir "de una vez por todas la justicia ágil y eficaz a la que tienen derechos los ciudadanos".
"Hasta que no se consiga eliminar los arcaicos métodos de trabajo con los que seguimos trabajando y se reconviertan en métodos de trabajo acordes con la tecnología que impregna ya todo rincón de nuestra sociedad, cualquier intento está abocado al fracaso y se convierte en un mero ejercicio propangandístico y electoralista", a su entender, del equipo directivo del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.
