SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La asociación 'Velázquez por Sevilla' ha solicitado al presidente del Patronato del Archivo de Indias y ministro de Cultura, César Antonio Molina, que regule el acceso a los documentos aún no investigados del archivo, limitándolo a historiadores o profesionales que obtengan una habilitación para ello mediante la acreditación de un proyecto de investigación, todo ello en los términos que se contemplen en un reglamento regulador.
En el escrito presentado por la asociación, al que ha tenido acceso Europa Press, ésta señala que la legislación vigente "no tipifica" la venta a terceros de la información obtenida en el Archivo de Indias sin control de su uso, ya que "se argumenta que es el uso ilícito de esa información el que constituye un delito contra el patrimonio".
En este sentido, refiere que, "sin duda con un loable propósito", la normativa reconoce el derecho de cualquier ciudadano a acceder a los archivos históricos, "sin establecer mecanismo alguno que garantice un uso de la información obtenida que no perjudique al patrimonio español".
De igual modo, la asociación considera que "quien vende la información de manera irresponsable es una pieza básica de esa cadena que son las bandas que expolian el patrimonio subacuático", subrayando que "quien accede al Archivo de Indias debe asumir el compromiso de no transmitir la información a empresas con antecedentes en el expolio del patrimonio".
Asimismo, subraya que "bien está que haya investigadores que vivan de lo que se conoce como el ejercicio libre de la profesión de historiador, pero siempre que la transmisión de información se haga bajo control", pues "no es lo mismo vender a un señor de Méjico un número de horas de investigación para averiguar su genealogía, que indagar sobre la localización y el cargamento de un pecio".
En esta línea, pone de manifiesto que, para comprender todo lo anterior, "hay que tener en cuenta que más del 50 por ciento de los fondos documentales del archivo se encuentra pendiente de investigación, y que sólo en el Golfo de Cádiz hay documentados 720 hundimientos entre los años 1500 y 1820". "Pueden existir unos 170 barcos cargados de tesoros entre Tarifa y Ayamonte, y se tiene constancia de hundimientos en el río Guadalquivir, como el del navío San Antonio en 1561", apostilla.
Por ello, solicita el establecimiento de un código deontológico a suscribir por todo investigador que tenga acceso al Archivo de Indias, en virtud del cual asuma el compromiso de no proporcionar información a aquella empresas o particulares con antecedentes o que presenten indicios de implicación en el expolio del patrimonio histórico.
REGISTRO ADMINISTRATIVO DE TRANSMISIONES DE INFORMACIÓN
A tal efecto, propone la creación de un registro administrativo de transmisiones de información, en el que preceptivamente haya que registrar toda cesión de datos a terceros, identidad de las partes intervinientes y finalidad de la transacción, así como la tipificación penal de toda venta o transmisión de información que se efectúe al margen de este Registro.
De igual modo, pide regular la posibilidad de prohibir el acceso al Archivo de Indias y a otros archivos históricos públicos a quienes hubieren sido condenados o sancionados por la venta de información con fines distintos a la investigación histórica o la preservación del patrimonio.
Asimismo, solicita una dotación presupuestaria de programas de becas para la investigación del Archivo de Indias; la creación por el patronato del archivo de un premio anual dotado económicamente para el mejor trabajo de investigación en la materia, y la regulación del derecho a obtener copias por parte de los investigadores, garantizando el acceso a mapas, planos, marquillas de tabaco y demás documentos investigados, con reducción de las tasas actualmente vigentes.
Por último, la asociación apuesta por el establecimiento de la obligación legal del investigador de depositar la referencia cartográfica y/o, en general, cualquier nueva información sobre un pecio en el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, o en el de aquella Comunidad Autónoma donde se haya producido el hundimiento, con anterioridad a su posible cesión a terceros, garantizándose la estricta confidencialidad por parte del Centro.
