Les acusa de falsear datos para conseguir la autorización de los trabajos y de la demolición no permitida de elementos históricos
SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha formulado una querella contra los administradores de la sociedad limitada Patio del Tesorero, un arquitecto y un arquitecto técnico, atribuyéndoles presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico a cuenta de las obras promovidas en la Real Casa de la Moneda, declarada Bien de Interés Cultural. El Ministerio Público considera que los querellados falsearon los datos del proyecto para conseguir la autorización de las autoridades competentes en materia de patrimonio histórico y, además, demolieron estructuras arquitectónicas históricas pese a que tal extremo nunca fue aprobado.
En su querella, recogida por el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, la Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico rememora que la sociedad limitada Patio del Tesorero promovía una serie de obras en este edificio enclavado en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, en pleno casco histórico, y amparado por la figura de protección del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla. La Real Casa de la Moneda, de hecho, goza de una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con un grado de protección global B.
DATOS FALSEADOS
Según se desgrana en la querella, recogida por Europa Press, el arquitecto Fernando C.F., por encargo de la sociedad Patio del Tesorero, elaboró un reformado de proyecto básico y de ejecución al objeto de construir diez viviendas y dos locales en este edificio fundamentalmente conocido por su fachada, obra de Sebastián Van der Borcht. En septiembre de 2009, dicho documento gozó de las autorizaciones de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y del delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno.
No obstante, y siempre según la querella, los datos aportados a las autoridades en este reformado de proyecto básico y de ejecución habrían sido supuestamente falseados para "hacer creer que la superficie construida total preexistente era sustancialmente superior a la real". "Se dibujó un remonte por encima de la segunda planta que nunca existió y se contemplaba un ático que no existía antes", toda vez que los volúmenes de los castilletes de acceso a las azoteas fueron "superados" respecto a la realidad.
DEMOLICIONES NO PERMITIDAS
Pero además, una vez autorizadas las obras por la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y Bernardo Bueno, estos trabajos supusieron la "demolición de diversos tramos de los muros preexistentes en las crujías originales" pese a que el proyecto aprobado habría contemplado su conservación. También fueron derribadas, entre otros elementos arquitectónicos, "unidades estratigráficas del siglo XVIII y XIX pese a que "no se había permitido demolición de ninguna clase".
Las demoliciones, según avisa la Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico, han ocasionado "daños de imposible reparación" en este edificio protegido y han "alterado gravemente" su estado original. "Ninguna de las obras sería autorizable en ningún caso", señala la querella, que cuantifica en 225.268 euros los daños perpetrados al patrimonio histórico pese a lo "incalculable" de tal aspecto.
OBRAS PARALIZADAS
Las querella refleja que el propio delegado provincial de la Consejería de Cultura ordenó la paralización de las obras el 20 de enero de 2011, calificando los hechos como posibles delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico. A tal efecto, la Fiscalía se querella contra el arquitecto Fernando C.F. como director de las obras y contra el arquitecto técnico Rufo S.P. como coordinador de seguridad y salud de la intervención, así como contra los administradores o representantes legales de Patio del Tesorero S.L.
La Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico, de hecho, reclama que sea averiguada la identidad de los administradores de esta empresa de cara a su "imputación", pidiendo igualmente que la Delegación provincial de la Consejería de Cultura sea puesta al corriente de estas actuaciones en materia judicial.
