OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La letrada Pilar Martínez, que representó a la Asociación de Propietarios de Montes en Comunidad Romana (Asprocoro) y otros titulares individuales en el proceso que anuló el decreto del Instrumento de Gestión Integral del parque de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias ha aclarado que la mencionada anulación es "total".
La abogada había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias la aclaración del fallo inicial, que dejaba "parcialmente sin efecto" el decreto de aprobación del nuevo instrumento de gestión de la zona por ausencia de Memoria Económica y planes anuales de gestión.
Según ha informado, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha aclarado ahroa que el fallo de las nueve sentencias que recientemente anularon el Decreto del nuevo Instrumento de Gestión Integral (IGI) de espacios protegidos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias y declaraba Zona de Especial Conservación el mismo ámbito territorial indicando que se trata de una "anulación total y dejándolo sin efecto".
El TSJ de Asturias, según la abobada, elimina el vocablo "parcialmente" de dicho fallo, declarando su "anulación total" y la retroacción del procedimiento al momento inmediato anterior a la presentación de la Memoria Económica, que se estima que no cumple con las previsiones legales.
Recuerda que en las sentencias iniciales, el Tribunal Supremo "ya reconocía la ausencia de una memoria económica que identificase los instrumentos financieros necesarios, previsiones y partidas definidas para, por un lado, cumplir con los fines perseguidos con la declaración de espacio natural protegido y, por otro, indemnizar y compensar a los afectados por las limitaciones de derechos previamente consolidados". Asimismo, estimaba que el plan de desarrollo sostenible del IGI carecía de actividades anuales, objetivos y líneas maestras de actuación, así como de previsión de inversiones destinadas a tal fin, añade Pilar Martínez.
La letrada explica que ahora se debe redactar un nuevo instrumento de gestión que "deberá contar ineludiblemente con partidas presupuestarias reales para hacer frente a las compensaciones e indemnizaciones por las restricciones, que este instrumento supone para los derechos individuales previamente consolidados y con un real y efectivo plan anual de inversiones para las zonas afectadas".
