TOLEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, ha señalado que la supresión de este organismo, anunciada por la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, sólo supondrá un ahorro del 0,02 por ciento del gasto autonómico --equivalente a 2.154.000 euros-- mientras que "se perdería compromiso y cercanía con los problemas de los ciudadanos".
"Hay otras formas de hacer ahorro", ha indicado en declaraciones a Europa Press, argumentando que se trata de "una institución muy barata" que ofrece un servicio gratuito en cuatro áreas "extremadamente importantes": defensor del pueblo, del menor, del paciente y defensor "de que la Administración cumpla su cometido en materia de Igualdad".
Por ello considera que la medida anunciada por la presidenta "supone un paso atrás en la defensa de los derechos de los castellano-manchegos".
NO SON LO MISMO
Martínez Cenzano ha explicado que tras la supresión de este organismo, será el Defensor del Pueblo de España el que se ocupe de los problemas de los castellano-manchegos, un organismo con competencias similares a las del Defensor regional, pero que trabaja "en un ámbito distinto".
En este sentido, ha indicado que la competencia del Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha se refiere "a controlar e intervenir en asuntos referentes a los servicios transferidos a la región, cuyo control depende de las Cortes regionales".
La defensoría regional tiene "autonomía y un territorio conceptual donde actuar propio", ha señalado, y ha recordado que existe una ley para coordinar ambas instituciones "porque no son los mismo" .
3.000 EXPEDIENTES
Durante 2010 el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha se encargó de la tramitación de más de 3.000 expedientes referentes a quejas y consultas, de los cuales, 2.500 fueron abiertos durante ese año.
Así, se resolvieron asuntos de 15.000 personas, "que van ver cómo se pierde el plus del compromiso y proximidad cuando tengan que recurrir a Madrid para resolver los problemas que afectan a la región".
"Gente que se acababa de quedar sin trabajo, con problemas para pagar la hipoteca, preguntas sobre la tramitación de ayudas y subvenciones del Gobierno regional e incluso asuntos referentes al Tribunal de Justicia Regional", según Martínez Cenzano.
FUTURO DE LOS TRABAJADORES
El Defensor del Pueblo ha lamentado que la supresión de este organismo afecte al futuro laboral de una plantilla compuesta por treinta trabajadores, de los cuales "sólo siete u ocho son funcionarios con régimen especial que volverán a sus antiguos puestos de trabajo", por lo que los demás tendrán que buscar un nuevo trabajo.
En cuanto al funcionamiento del organismo, ha señalado que continuará trabajando por los expedientes que están abiertos en la actualidad hasta que las Cortes establezcan que finalice su funcionamiento.
"Me quedaré hasta cerrar la puerta por fuera", ha indicado, señalando que se siente "orgulloso" de lo conseguido, "de la gente con la que he trabajado y de la aceptación y el reconocimiento de las administraciones con el trabajo realizado".
