Prevé destinar 15.000 millones a una renta garantizada de ciudadanía
SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El candidato de EnComúPodem (ECP) a las elecciones generales, Xavier Domènech, ha reiterado este martes que no pondrán lineas rojas para negociar tras el 26J y ha dicho, en referencia al PSOE, que "si tiene una alternativa mejor al referéndum, que la presente".
Lo ha dicho en rueda de prensa con la número 2, Lucía Martín, en la plaza Vilaseca de Santa Coloma de Gramenet, conocida como 'La plaza del paro', y tras reunirse con entidades sociales y militantes de ECP.
Domènech ha asegurado que para conseguir el referéndum requiere agrupar al máximo número posible de fuerzas en torno a la defensa de la consulta, por lo que ha incidido en su propuesta de pacto con el PSOE.
Ha reiterado que, tras las negociaciones fallidas con los socialistas en la pasada legislatura en la que ofrecieron un pacto 'a la valenciana', en esta ocasión optarán por proponerles un acuerdo 'a la barcelonesa', siguiendo el modelo del Ayuntamiento de la capital catalana, en el que BComú ha dado entrada al PSC.
Preguntado por si auguran rechazar un referéndum en virtud de un acuerdo de Gobierno, ha explicado que no lo prevén en la medida que no hay una propuesta mejor, y ha puesto como ejemplo la oferta de CDC de crear una comisión del Congreso sobre Catalunya: "No nos parece que se tenga que hacer una comisión deliberativa sobre el asunto, porque no resuelve el conflicto".
Sobre la propuesta de modelo de Estado del PSOE, ha recordado que su líder, Pedro Sánchez, "habla de singularidad, que es un paso atrás respecto a lo que recoge la Constitución", que remite al concepto de 'nacionalidad', por lo que sigue defendiendo que el referéndum es la mejor propuesta hasta la fecha.
RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
Lucía Martín ha presentado la propuesta de ECP de crear una renta garantizada de ciudadanía a partir de 675 euros, y que suba hasta los 1.200 según la situación y los componentes del núcleo familiar.
Aplicarla en toda España costaría 15.000 millones de euros, a recaudar con la lucha contra el fraude fiscal, con un impuesto solidario --sobre los beneficios a los bancos rescatados en 2012--, con un impuesto a las grandes empresas, y subiendo el IRPF a las rentas altas "que representan el 7% de la población".
Contemplan su aplicación progresiva hasta establecerla íntegramente al final de la legislatura, conscientes de que el retorno de las políticas contra la fraude fiscal "no es inmediato", y revertirán en las arcas públicas desde la segunda mitad de la legislatura.
