Las consultas ciudadanas de contratos y convenios superan a las de salarios públicos
BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La complejidad en la recopilación de información y la protección de datos personales son los principales motivos que alegan las administraciones catalanas para denegar el acceso a datos públicos que realizan ciudadanos y otras instituciones.
Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press la presidenta de la Comisión de Garantía del Derecho a la Información Pública (Gaip), Elisabet Samarra, quien detecta un exceso de cautela de las administraciones "porque seguramente hay miedo a infringir la normativa".
La Gaip, creada para atender las reclamaciones de cualquier ciudadano que considere que la administración no atiende su petición de información pública, se encarga gratuitamente tanto de desestimaciones, como de posibles defectos de tiempo y forma en las respuestas a solicitudes de información.
Según Samarra, la invocación de la protección de datos como excusa para no facilitar información "normalmente está mal", por lo que piden un informe a la Agencia Española de Protección de Datos cada vez que les llega una alegación de este tipo.
"CIERTA SALUD" DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Desde su creación en 2015, la Gaip ha detectado "una cierta evolución y madurez" tanto de la ciudadanía, que ya no pregunta tanto por salarios y dietas, sino por contratos y convenios, como de las administraciones, que son más diligentes a la hora de facilitar información.
"Nos parece que, ahora mismo, hay una cierta salud y unos niveles bastante considerables" de respuestas favorables, ha señalado Samarra, que ya ha entregado al presidente del Parlament, Roger Torrent, la memoria anual de la Gaip, que en 2017 atendió 496 reclamaciones y hasta julio de este año ha recibido 273.
PROTOCOLOS
Los ayuntamientos son las administraciones que acumulan más reclamaciones ante el Gaip --75%--, seguidos de la Generalitat --14%--, una situación que Samarra vincula a la lentitud y a que "hace falta protocolizar los procedimientos porque no hay actitudes contrarias" a facilitar información.
Además, ha destacado el creciente número de reclamaciones que llegan a la Gaip "de una administración contra otras administraciones" y de periodistas a los que se ha denegado acceder a datos públicos, que son el 3,6% del total.
La mayoría de solicitudes llegan de particulares, que representan el 40%, seguidos de cargos electos --33%-- y, en menor medida, de entidades y fundaciones --10%-- y sindicatos --8,5%--, mientras que las empresas suponen el 3,6%.
