Jueces creen que no empadronar a 'sin papeles' es "ilegal" por sus consecuencias "contrarias a derecho"

Actualizado: jueves, 14 enero 2010 13:36

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones de magistrados Jueces para la Democracia (JPD) y Francisco de Vitoria sostuvieron este jueves que dejar de empadronar a las personas en situación irregular por el hecho de serlo como pretende hacer el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) es una medida "ilegal" porque sus consecuencias son "contrarias a derecho".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de JPD, Miguel Ángel Jimeno, explicó que "con independencia de que se utilice una norma y que por tanto, haya una base normativa que con la interpretación de los servicios jurídicos de Vic lleve a esta situación" la lectura que se hace de la ley "conduce a una restricción de los derechos de unas personas" y, por tanto, "es contraria a derecho".

En opinión de Jimeno, "las leyes no sólo son los textos que las recogen, sino las consecuencias de su aplicación" y, en este caso, interpretar que un extranjero por su condición irregular no puede ser considerada residente de un municipio es "ignorar la existencia de estas personas y colocarles en una situación de aún más marginalidad".

"La propia Administración lo que está haciendo es ignorar la existencia de personas que están en esa situación, que están trabajando para personas legales o empresas legales de ese mismo Ayuntamiento y que están siendo explotadas en esas circunstancias", añadió el portavoz de JPD, para plantear por qué ellos no tienen derecho al Padrón y sus conciudadanos sí lo tienen a "tenerles trabajando en una situación de ilegalidad".

El portavoz del Comité Nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, recordó que "la legislación obliga a empadronar a cualquier persona residente física en un municipio, simplemente con acreditar domicilio en el mismo y el hecho de que se encuentre en situación irregular no implica que quede excluido".

Según explicó, la interpretación que está haciendo el Ayuntamiento de Vic parte de considerar que si una persona se establece de forma irregular en un municipio, no puede ser considerado residente del mismo. Sin embargo, aseguró, "esta interpretación no es correcta".

"Cualquier ciudadano que vea denegado su empadronamiento aunque esté en situación ilegal puede recurrir a los tribunales", añadió el portavoz de Francisco de Vitoria, quien vaticinó que si bien "toda cuestión jurídica es discutible", la Abogacía del Estado se pronunciará en contra de la medida promovida en Vic.

Por otra parte, la otra agrupación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aún no ha consensuado una posición común respecto al caso, en espera de la reunión de su ejecutiva nacional que tendrá lugar la próxima semana, según informó a Europa Press el portavoz de la organización, Antonio García.