CEUTA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel (PP), considera que la presión migratoria de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que registra la ciudad autónoma es "una consecuencia más del hecho fronterizo" y que la Administración autonómica asume como "una competencia propia y una responsabilidad" a la que destina alrededor de 10 millones de euros al año.
En declaraciones a los medios, Hachuel ha recordado que la solicitud del Gobierno de Melilla para que se repatríe a los menores marroquíes cuyas familias sean localizadas "parte de una premisa que no siempre o casi nunca se cumple, ya que sus parientes muchas veces no pueden ser encontrados y, aunque sean reagrupados, pueden volver, a veces incluso animados por sus allegados".
El también consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo exigido que "no se criminalice" ni a los MENA que tutela la Administración, unos 200 en sus distintos centros de acogida, ni a los jóvenes extranjeros que viven en las calles porque "los habrá magníficos y menos magníficos, buenos y menos buenos".
El Área de Menores de la Ciudad Autónoma de Ceuta recibió entre 2013 y 2015 a un total de 814 MENA marroquíes durante los tres últimos años y solamente pudo reagrupar con su familias a 64 en territorio nacional o de la Unión Europea.
El número de reagrupamientos familiares pasó de 10 en 2013 a 13 en 2014 y a 41 el año pasado. Durante ese periodo no se efectuó ningún retorno al país de origen de los jóvenes pese a que el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los MENA del Ministerio de la Presidencia, que entró en vigor hace un año y medio, establece que la política de la Administración "debe estar orientada al retorno del menor a su país de origen, bien con su familia, bien en un centro de acogida de menores de su país, como solución duradera y siempre que ello constituya el interés superior del menor".
Durante las últimas semanas las asociaciones de vecinos de las barriadas que rodean el Centro de Menores 'La Esperanza' han vuelto a exigir su traslado a otro punto de la ciudad. El Gobierno que preside Juan Vivas maneja desde hace años un proyecto para construir una nueva infraestructura en la periferia de Ceuta, junto a la nueva prisión de Loma Mendizábal.
Durante el año pasado se impuso en Ceuta un total de 223 medidas judiciales por infracciones penales a 160 personas que no llegaban a 18 años de edad, según los datos de la Consejería de Sanidad. Esa cifra equivale al 3,9 por ciento de la población local con entre 14 y 17 años de la ciudad, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística. La variable nacionalidad del infractor se distribuye entre 108 jóvenes españoles y 52 extranjeros.
"En porcentajes", han explicado a Europa Press desde la Administración local, "la población de menores infractores foráneos constituye el 32,5 por ciento del total, existiendo una brecha de 35 puntos con respecto a los locales".
