CEUTA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado; el director del puerto, César Ansorena; y uno de sus abogados, Luis Morales, han sido citados a declarar como imputados por un presunto delito de prevaricación por el Juzgado que instruye la denuncia presentada contra ellos por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de la ciudad autónoma, que les acusa de haber permitido desde 2006 gestionar la dársena a la empresa adjudicataria del servicio sin atenerse a lo prescrito en el Pliego de Condiciones de la concesión.
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, los tres imputados prestarán testimonio en diciembre en sede judicial para explicar qué han hecho en el ejercicio de sus cargos para velar porque la concesionaria del puerto deportivo se ajustase a lo reglamentado en materia de aplicación de tarifas, gestión del aparcamiento que rodea la lámina de agua, prestación de servicios obligados o retirada de buques del mar.
'Marina Hércules S.A.' se hizo cargo en mayo de 2006 de la gestión del puerto deportivo, hasta entonces directamente en manos de la Autoridad Portuaria, tras dos concursos públicos fallidos y como única concurrente. El resto de quienes se interesaron por la concesión demonial renunciaron a ella al entender que era inviable abonar los 416.000 euros anuales que establece el Pliego como contraprestación para el puerto y someterse a las tarifas prescritas de forma rentable.
La empresa, que preside José Manuel Ávila, candidato del PP de Ceuta a las últimas elecciones autonómicas, y que tiene como vicepresidente a Aurelio Puya, cuñado del presidente de la ciudad, Juan Vivas, también del PP y de quien depende la propuesta de nombramiento del presidente del puerto, mantiene un enconado enfrentamiento público y judicial con la Asociación de Usuarios desde que asumió la gestión de la dársena.
A las tres semanas de hacerse cargo de ellas, una subida cercana al 30% de las tarifas que se venían aplicando hasta mayo de 2006 dio pie a la primera disputa, que se ha mantenido en el tiempo hasta llegar al Contencioso-Administrativo y, ahora, a la jurisdicción Penal.
Entre otras quejas, los usuarios mantienen que el pliego de condiciones estipula que los precios no podían encarecerse más de un 10%, que el aparcamiento anexo no puede utilizarse con fines lucrativos sino exclusivamente para los usuarios y trabajadores, que hay servicios obligados que no se prestan y que otros se cobran irregularmente. La representación legal de la asociación ha solicitado que se impute también a los acusados un supuesto delito de malversación de caudales públicos, petición a la que, de momento, no ha accedido el Juzgado.
