VALENCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora Valenciana de ONGD ha reclamado este sábado a Justicia que "se doten los recursos necesarios para continuar la instrucción del Caso Blasco en óptimas condiciones" después de que la jueza instructora del Caso Cooperación haya resuelto suspender las declaraciones en la pieza tercera sobre las irregularidades en el Hospital de Haití, "debido al cese de la juez de adscripción territorial nombrada en el mes de noviembre en funciones de refuerzo a este juzgado".
Así lo ha asegurado en un comunicado esta entidad, personada como acusación popular, que reclama más recursos para que "continúe el proceso, que en este caso daba voz a los representantes de ONGD en el Órgano Asesor del CAHE (Consejo de Acción Humanitaria y de Emergencia) y que estaban previstas para los días 26 y 27 de febrero y 2 y 9 de marzo".
"Consideramos fundamental que la Administración de Justicia dote de los recursos personales necesarios para continuar la instrucción en óptimas condiciones de las piezas dos y tres del Caso Blasco", han incidido.
Así, desde la Coordinadora afirman entender la resolución de la jueza instructora, que incide en "que por el momento no se haya articulado ninguna otra medida de apoyo y debido a la incompatibilidad para practicar las mismas y seguir llevando el trámite normal del resto del juzgado, conforme a la agenda ordinaria prevista".
"Por todo ello exigimos que se tomen las medidas oportunas para que el proceso siga su curso sin más dilaciones ni retrasos, ya que es un proceso complejo y de alto interés social, el cual ya había sido interrumpido con anterioridad", han agregado.
La CVONG lamenta "profundamente" este nuevo aplazamiento por falta de personal, que supone "una nueva paralización del procedimiento y que se suma al retraso producido desde la vuelta de la instrucción a este juzgado, una vez sentenciada en mayo de 2014 la pieza primera en el TSJCV, que supuso la condena al exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, a la pena de 8 años de prisión y 20 años de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por malversar con ayudas destinadas a proyectos de cooperación en Nicaragua y así como al resto de participantes de la trama que suman más de 43 años de prisión".
