VALENCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación por posible malversación en relación con unas adjudicaciones de trabajos --encomiendas de gestión-- realizados por la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, a la empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio, en detrimento de Vaersa --mercantil dependiente de la Generalitat--.
Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa, la investigación se extiende también al secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez; al director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Rogelio Llanes; al interventor de esta administración y a cualquier empleado público que haya intervenido de cualquier modo en las adjudicaciones cuestionadas a Tragsa.
El procedimiento parte de una denuncia interpuesta por el sindicato Unió Sindical Obrera de la Comunitat Valenciana (USOCV) ante el ministerio público en octubre del pasado año por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos; dos de prevaricación; y un delito fiscal.
En resumen, se cuestiona la adjudicación directa, por parte de la Conselleria de Agricultura, así como varias encomiendas de gestión --se tratan de trabajos con seguimiento, estudio y otras labores-- y obras a la empresa Tragsa, considerándola como medio propio --lo que le permitiría no pagar el 21% de IVA-- pese a que la nueva Directiva Europea sobre contratación pública le excluía de esta condición.
En concreto, según recoge la denuncia, la conselleria realizó, tras la entrada en vigor de la normativa europea, a propuesta del director general, tres adjudicaciones directas a Tragsa como medio propio por un valor total de 4.091.763,07 euros.
Esta directiva define de forma restrictiva en su artículo 12 las condiciones que debe cumplir cualquier persona jurídica para ser considerada como medio propio de una administración pública. En base a la misma, según USO, Tragsa no cumple los requisitos para considerarse como medio propio del Consell.
No lo cumpliría porque, tal y como expuso el sindicato ante Fiscalía, "no solo no tenía nombrado a nadie en el Consejo de Administración de Tragsa, individual o conjuntamente con otras administraciones que le permitieran ejercer el mismo control que el ejercido sobre sí misma; sino que ni tan siquiera era copropietaria de Tragsa".
Y conselleria, según USO, era conocedora de que no podía contratar en estas condiciones con Tragsa puesto que a fecha 1 de agosto de 2016 se le autorizó la compra de una acción de la empresa. "Dicha compra prueba, también, que la Generalitat no era desconocedora de que contratar con Tragsa incumplía el artículo 12 de la Directiva, intentando ponerle remedio a posteriori", sostiene el sindicato.
Por este motivo, entre los meses de marzo, mayo y junio desde el sindicato informaron a varias instancias de la Generalitat --presidente, vicepresidenta, conseller de Hacienda y consellera de Agricultura-- para que dejaran de contratar con Tragsa como medio propio.
TARIFA E IVA
USO cuestiona otros dos aspectos de la conselleria: el pago del IVA y la comparativa de tarifas. Respecto al primer punto, advierte de que al no ser Tragsa un medio propio, tendría que pagar el IVA del 21%. Al respecto, existe una "pretensión manifestada por escrito de la conselleria de elusión de este impuesto".
En relación con las tarifas, el sindicato también advirtió a la conselleria de que con su actuación podría estar vulnerando la Ley española de Contratos del Sector Público al ser el tarifario de Tragsa más caro que el de Vaersa, incumpliendo, por tanto, la "obligación" de optar por la opción más barata en caso de contratación.
Estos tarifarios, según indicó el sindicato a Fiscalía, son de "general conocimiento" en la Generalitat, "pues se trabaja habitualmente con ellos, así que no pueden alegar desconocimiento". "Dicha norma tiene tanto tiempo y es tan básica para toda la contratación pública que es conocida de sobra por todo funcionario y cargo público, por lo que está claro que se ha violado a sabiendas", agregó.
USO ha explicado a Europa Press que tiene previsto presentar la próxima semana una denuncia ante la Agencia Tributaria para que se estudie si la conselleria ha podido cometer una posible infracción fiscal con la adjudicación de estos trabajos a Tragsa y la aplicación del IVA.
