VALENCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicita una pena de 18 años de prisión para el exalcalde de Jalance (Valencia) Ángel Abel Navarro Navarro por presunta prevaricación y otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad. Así mismo, requiere el sobreseimiento de la causa para dos exdirectivos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio.
Así se desprende del escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que el ministerio público ha remitido al juzgado de Requena que ha instruido la causa en relación con este hotel.
En este procedimiento figuran como imputados, tal y como se desprende del auto de procesamiento, Pérez Boada; Uncio; el que fuera director del área de Inversiones Crediticias del IVF Enrique Benede; Ángel Abel Navarro; el expresidente del Consejo de Administración, Joaquín Boil; y el exconsejero delegado de la mercantil Hotel del Valle Jalance S.L., Pedro López; el administrador de la entidad, Joaquín Miguel Boil; y otras tres personas más.
El fiscal, en su escrito de calificación, deja fuera a Pérez Boada, Uncio y Benede, a diferencia del criterio adoptado por el juzgado de Instrucción número 2 de Requena, por la Audiencia Provincial de Valencia y las acusaciones particulares.
Así, acusa al resto de imputados. En concreto, solicita hasta 18 años de prisión para el exalcalde por delitos societarios, apropiación indebida e insolvencia punible; otros 19 años y ocho meses de cárcel para Joaquin Boil; 18 años más para el empresario Pedro López; 15 años y ocho meses para Joaquín Miguel Boil; y entre 7 meses y un año y tres meses de cárcel para otras tres personas.
Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.
De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.
Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.
Para los dos exdirectores del IVF, la acusación particular --que representa a los querellantes-- solicita 15 años de cárcel y 12 de inhabilitación; mientras que para el ex director de inversiones de esta entidad pide dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación. Por su parte, reclama para el exalcalde de Jalance la pena de 46 años y siete meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para cargo público; y respecto a los miembros de la sociedad, pide desde un mínimo de 46 años y tres meses de cárcel, hasta 59 años y siete meses. Para los otros tres acusados en el procedimiento, que celebraron su boda en el hotel, reclama entre 10 y 12 años de prisión.
