Foto: PRODEINONG
Un informe ve delitos de coacción y prevaricación en las devoluciones en caliente
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El grupo académico de investigación I+D+i IUSMIGRANTI, integrado por catedráticos y profesores de Derecho Constitucional, Penal, Internacional, Administrativo y Ética, ha denunciado este viernes que la única política de inmigración del Gobierno de España es la "guerra sucia" en las fronteras de Ceuta y Melilla, con prácticas ilegales, contrarias al orden constitucional y lesivas de Derechos Humanos.
Así lo han expresado en la presentación de un informe sobre las 'expulsiones en caliente' la Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla; el profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos, José Miguel Sánchez Tomás; el profesor de Ética Social de la Pontificia de Salamanca, José Luis Segovia Bernabé y la catedrática de Derecho Penal de la Autónoma de Madrid, Mercedes Pérez Manzano.
El trabajo, difundido el jueves, expone la ilegalidad de la devolución sobre la marcha a Marruecos de los inmigrantes que alcanzan las vallas o playas de Ceuta y Melilla, una práctica que según los juristas no tiene ningún amparo legal y de la que se pueden derivar responsabilidades penales por, entre otros, delitos de coacción y prevaricación, tanto para la administración que las ordena y consiente como para los agentes de la Guardia Civil que las ejecutan.
"La política española de inmigración se resume en la guerra contra el inmigrante irregular, es decir, contra el pobre. Es una lucha sin tregua desproporcionada, desigual y en la que a pesar de la crisis económica, no se escatiman recusos materiales. En la frontera sur, esta lucha permite hablar de lucha despiadada y guerra sucia", ha señalado Martínez.
Según ha explicado, se tacha de "guerra sucia" porque "vulnera las leyes que el propio Estado ha establecido", se violan "los derechos más básicos" del ser humano y "compromete la dignidad moral de quen lo practica y de toda la sociedad".
Como ejemplo, ha puesto el último caso de salto en grupo de la valla de Melilla, que se saldó con gendarmes marroquíes apaleando a los migrantes, tal y como probó un vídeo de la ONG Prodein, "ante la mirada impasible o cómplice de la Guardia Civil". También la devolución sobre la marcha a Marruecos de los 23 supervivientes de la tragedia del Tarajal que consiguieron alcanzar la costa española.
Para Sánchez Tomás, el Ministerio del Interior en España "no responde a criterios políticos sino policiales", así que "da igual" qué partido lo ocupe. Según afirma, la Policía es el elemento que permanece y el ministro, "un eventual", y por eso se habría limitado tras sucesos como la tragedia de Ceuta, en la que perecieron 15 personas, a "justificar a posteriori" la actuación de los agentes, en lugar de poner fin a determinadas prácticas.
NEGAR LA PALABRA Y LA DIGNIDAD
En esta línea, Martínez Escamilla ha afirmado que "las instituciones, en este tema, están mirando hacia otro lado desde hace mucho tiempo", contribuyendo a perpetuar la ilegalidad en el trato a los migrantes en Ceuta y Melilla, que alcanza su máxima expresión con las devoluciones en caliente y la batería de normas nacionales e internacionales que estaría vulnerando según detalle el informe.
Segovia, por su parte, ha planteado que las expulsiones en caliente "no sólo son groseramente ilegales y presumiblemente delictivas, sino también ilegítimas e indignas", forman parte de lo que llama "la zona oscura" del Derecho, que es el trato a los migrantes, y suponen que España avance hacia una degradación de la legalidad "por la vía de los hechos", al estilo, según ha dicho, de la Alemania nazi.
Así, se estaría erosionando el Estado de Derecho en Ceuta y Melilla, donde con las expulsiones en caliente se están negando "dos elementos inherentes al ser humano, el pan y la palabra", según Segovia. "Es un sistema que niega la audiencia de parte, algo que ni siquiera se niega en los totalitarismos o a los condenados a muerte. Se niega la palabra al inmigrante al negarle el abogado y el intérprete. Se niegan así la palabra y la dignidad", ha sentenciado.
INFORME JURÍDICO
El informe concluye que "la decisión, ejecución, y colaboración activa y pasiva con las 'expulsiones en caliente'" incurriría en distintos tipos penales, como el "delito de coacciones (art. 172 CP); los delitos de funcionarios públicos de privación de asistencia letrada (art. 537 CP), de privación del ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art. 540 CP), o de prevaricación (art. 404 CP)".
El trabajo analiza la legislación española de extranjería y sentencia que entregar a los migrantes según llegan sin siquiera identificarlos es "jurídicamente inadmisible" y no tiene amparo ni desde el supuesto concepto de operatividad que esgrime el Ministerio del Interior, ni en aplicación de la figura legal de 'rechazo en frontera' ni bajo el amparo del convenio de readmisión suscrito entre España y Marruecos.
De esta responsabilidad penal no quedarían eximidos los guardias civiles porque, según los juristas, respecto de estos delitos "no puedan operar las circunstancias excluyentes de la responsabilidad referidas a la obediencia debida, ejercicio legítimo del cargo o el desconocimiento de la ilicitud del hecho". Además, tienen obligación de denunciar, impedir y perseguir los delitos de los que sean testigos, incurriendo en más delitos de hacer lo contrario.
La posibilidad de una reforma que dé marco legal a las devoluciones en caliente, queda descartada por los expertos. "No existe la posibilidad" porque "vulneran la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente las referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución", dice el informe.
La información íntegra sobre el estudio, aquí.
