Tres de las cuatro menores han sido localizadas y se ha decretado prisión sin fianza para un ciudadano rumano
MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Policía Nacional y Guardia Civil trabajan junto al Gobierno de Extremadura para esclarecer un presunto caso de inducción a la prostitución de cuatro menores tuteladas, que se fugaron de un centro de acogida en Caminomorisco (Cáceres). Tres de las niñas ya han sido localizadas y se ha decretado prisión sin fianza para un ciudadano de nacionalidad rumana por su posible implicación en el caso.
Según el ejecutivo regional, la Dirección General de Política Social y Familia, encargada de la gestión de los centros de acogida de menores, trabaja de "manera coordinada" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el esclarecimiento de este asunto.
Asimismo, aclara que las menores implicadas "se fugaron" del centro el pasado día 26 de julio y, una vez que la dirección del mismo tuvo constancia de este hecho, informó "de manera inmediata" a la Guardia Civil de Caminomorisco y a la Policía Nacional de Plasencia. Ese mismo día, la dirección del centro formalizó la pertinente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Caminomorisco.
Si bien celebra que gracias a la colaboración de Policía y Guardia Civil se ha podido localizar a tres de las niñas, todavía falta por localizar a una cuarta, por lo que continúan las labores de búsqueda de esta menor.
También se ha producido la detención de dos hombres, uno de nacionalidad rumana y otro española, por su presenta implicación en la introducción de las jóvenes en la red de prostitución. Posteriormente, un juzgado de Plasencia (Cáceres) ha decretado prisión provisional incondicional sin fianza para el ciudadano rumano, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Para el ciudadano español el mismo juzgado ha decretado libertad provisional con la obligación de comparecer en esta institución periódicamente.
CENTROS ABIERTOS
El Gobierno de Extremadura ha subrayado que los centros de acogida de menores son "abiertos" y la tienen como objetivo la atención educativa e integración de los niños y jóvenes allí acogidos.
"En ningún momento estos menores tienen restringidos sus derechos, al no estar sometidos a medida judicial privativa de libertad, sino que por diferentes causas relacionadas con el incumplimiento o el inadecuado ejercicio de la patria potestad o de los deberes de protección establecidos han tenido que ser objeto de medidas de protección", ha aclarado.
