MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El director general de la protección social en el Ministerio de Asuntos Sociales y del Trabajo de Yemen, Adel Debwan Said Sharabi, ha denunciado que en la actualidad hay 31 casos de menores en el corredor de la muerte, en seis de ellos la sentencia de pena de muerte se consideró firme; cuatro de los 31 casos "esperan una ejecución inminente"; y dos de los menores condenados han sido ejecutados "en los últimos seis meses", durante la mesa redonda 'Menores y pena de muerte en el mundo', celebrada en Madrid con motivo del 'V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte'.
En este sentido, Said Sharabi ha apuntado que existen datos que confirmarían que en los 31 casos anteriormente mencionados, los acusados "no tenían 18 años en el momento en el que cometieron el delito". Asimismo, ha reconocido que en estos momentos "se están estudiando en Yemen cerca de 150 casos de menores sobre los que aplicar la pena de muerte".
En cuanto a las actuaciones por parte de los responsables, ha señalado que en la gran mayoría de los casos, los menores condenados "presentaron documentación oficial --partidas de nacimiento, documentos de servicios de salud o escolares--, en la que se especificaba su edad". "Documentos que no se tuvieron en cuenta y sobre los que la Fiscalía no fue informada de su existencia", ha apuntado.
Además, ha denunciado que en muchas ocasiones "las leyes se interpretan de tal manera que van en contra de los intereses de los niños". Ante esto, ha destacado que es imprescindible que se cuente con los servicios de expertos que "determinen la edad de los menores y que actúen siempre en interés del acusado". "La legislación establece que tiene que ser un experto en la materia el que establezca la edad, siempre y cuando no haya un documento oficial que la demuestre -ha agregado--. Estas son las leyes que en teoría establecen lo que sería un juicio justo para los niños, pero que a la hora de la verdad no se aplican".
El director general de la protección social ha destacado también que los niños yemeníes están expuestos a la pena de muerte debido a que existe "un problema con el registro de nacimientos". Así, ha detallado que cerca de un 87 por ciento de los niños no están registrados ni disponen de partida de nacimiento, "por lo que si tienen problemas con la ley no se puede demostrar la edad". Además, ha señalado que únicamente el cinco por ciento de los menores que viven en el campo poseen el documento, frente al 33 por ciento de los que viven en la ciudad.
Ante esto, ha anunciado que el gobierno yemení ha creado un programa para "fomentar y reforzar" el sistema de registro de los nacimientos; ha llegado también a un acuerdo para proteger a los niños que pueden sufrir la pena capital; y la semana pasada el ministro de Justicia del país creó una comisión forense para "investigar los casos de niños sobre los que se tiene la sospecha de que eran menores cuando ocurrieron los hechos".
"LOS ABOGADOS JUEGAN CON LAS LAGUNAS DE LA LEGISLACIÓN"
"En la teoría hay garantías para los que han sido condenados -ha expresado--. Pero en la práctica no tienen efectividad, pues no sólo existe una tremenda corrupción en los estamentos del Estado, sino que además algunos abogados juegan con las lagunas que presenta la legislación a su favor, por lo que hay poca transparencia a la hora de obtener pruebas".
Said Sharabi ha recordado el caso de un chico que fue condenado y que, a pesar de la oposición de todas las organizaciones internacionales, desde Naciones Unidas hasta la Liga Árabe, finalmente fue ejecutada su sentencia en marzo de 2013. "En este caso había un informe que demostraba las lagunas y fallos del procedimiento, pues el documento escolar que acreditaba su edad había sido falsificado por la escuela -ha añadido--. Se demostró que hubo errores en el procedimiento y que el chico no tenía 18 años cuando cometió el delito, incluso la propia sentencia establece que hubo una falsificación en el documento, pero la Fiscalía no pidió estudiar el caso".
Por su parte, el especialista de la protección de la infancia de UNICEF en Yemen, George Abu Al-Zulof, ha calificado, durante su intervención, de "muy positiva", la evolución del país ante la puesta en marcha de un Decreto Ministerial que establecerá "la creación de un comité especializado que determinará la edad en la que se cometió el delito en los casos de pena de muerte en los que existan dudas al respecto". "Esperamos que este Comité sea más imparcial a la hora de evaluar los casos y que la evolución en Yemen se considere un paso concreto hacia el final de la pena de muerte y la ejecución de los menores", ha subrayado.
