Piden a Bengoa que "aguante el tirón" y no aplique el "espantoso" decreto del Gobierno del PP, que va "contra el derecho a la salud"
BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un total de diez organismos de profesionales sanitarios han anunciado que se acogerán a la objeción ética si se aplica el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril del Gobierno central por la que se excluyen de la atención sanitaria a diversos colectivos.
Este anuncio ha sido dado a conocer en el transcurso de una rueda de prensa, celebrada en Bilbao, por parte de representantes del Colegio Oficial de Médicos de Bizkaia, Osalde (Asociación por el derecho a la salud), Colegio de enfermería de Bizkaia, Asociación vasca de Rehabilitación Psicosocial, Munduko Medikuak, Sociedad científica de enfermería familiar y Comunitaria de Euskadi, Asociación de Salud Mental y Psiquiatría comunitaria, Sociedad vasca de Medicina de Familia y Comunitaria (Osatzen), la Asociación vasca de Pediatría de Atención Primaria y la sociedad vasco-navarra de pediatría.
En su comparecencia, han afirmado que el Real Decreto es una "chapuza" que va en contra de derecho a la salud y, en definitiva, contra el Estado del bienestar. A su juicio, no está justificado económicamente, ni legalmente y el decreto no va a favorecer la calidad del sistema.
Los representantes de los distintos colectivos, que han indicado que también esperan que se sume a esta iniciativa el Colegio de Farmacéuticos, han manifestado que se están creando las condiciones par el "desmantelamiento" del sistema público de salud y han pedido la retirada del decreto.
Los distintos colectivos han manifestado que, con este decreto, se "quiebra" la solidaridad y es una medida "racista" que tiene que ver más con cuestiones "ideológicas". En este sentido, han señalado que, precisamente, los inmigrantes no son los más recurren a la atención sanitaria.
Por ello, han pedido al consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, que "aguante el tirón" y que mantenga su intención de no aplicar en Euskadi el decreto. En el caso de que finalmente se tenga que aplicar, han anunciado que ellos seguirán atendiendo a todos los colectivos que quedan excluidos. Asimismo, han indicado que este decreto es un "insulto" al autogobierno y una "injerencia".
Según han afirmado, es la primera vez que se da en una comunidad una iniciativa de estas características y han asegurado que saben que se pueden enfrentar a "complicaciones" por esta decisión.
Asimismo, tienen previsto llevar a cabo una campaña junto con ONGs, ayuntamiento, sindicatos y diversos colectivos en favor de la salud y contra este "espantoso" decreto.
En su comparecencia, han hecho entrega de un texto consensuado por todas las organizaciones y tienen previsto repartir 10.000 ejemplares del mismo en las consultas y entre los profesionales del sector privado que se lo pidan.
COLECTIVOS
En el texto, señalan que, según fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco, si se aplicara este decreto, Osakidetza dejaría de atender a 13.500 jóvenes mayores de 26 años que no han accedido aún a su primer empleo, 800 personas divorciadas, 3.500 con discapacitación menor del 65 por ciento, además de 22.000 personas inmigrantes empadronadas pero sin permiso de residencia y otras 17.000 que no están empadronadas.
Los organismos firmantes del texto han asegurado que la "segregación legal" de estos colectivos, que en Euskadi podrían llegar a las 60.000 personas, perjudica los "propósitos generales" de salud pública, que es "la base del control de las enfermedades trasmisibles y epidemias".
Según han señalado, limitar el acceso a la atención primaria a sus programas de prevención y diagnósitico temprano supone una "decisión irresponsable" con consecuencias "negativas" para la salud de los ciudadanos y sus derechos asistenciales.
Asimismo, cree que hará más "ineficiente" el sistema y, en este sentido, han advertido de que resulta "más costoso" el tratamiento y la prevención secundaria y la asistencia en niveles secundarios.
Según han indicado, el decreto "empuja" a los colectivos afectados hacia la utilización de los servicios de urgencia, que son "mucho más costosos" que los de atención primario, además de fomentar el "incumplimiento terapéutico". "Todo ello generará un incremento de ingresos hospitalarios con un mayor coste a largo plazo", han apuntado.
Además, estos colectivos han asegurado que las ONGs "no deben y no pueden suplir" las obligaciones y deberes del Estado y han añadido que la salud "no es un lujo sino un derecho y, por tanto, no procede la caridad".
Por todo ello, piden expresamente que se respete la objeción ética, según el código deontológico del conjunto de las profesiones que intervienen en la sanidad.
