La Junta destaca que el Plan de Ajuste 2017 no incluye medidas que supongan "recortes" sociales ni freno al crecimiento

 

La Junta destaca que el Plan de Ajuste 2017 no incluye medidas que supongan "recortes" sociales ni freno al crecimiento

Pilar Blanco-Morales
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Publicado 22/06/2017 13:55:47CET

   Podemos advierte de que el plan "trae muchísimos recortes" y Ciudadanos tiene "dudas" de que vaya a cumplirse "tal y como" se presentó

   MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha subrayado que el Plan de Ajuste 2017 enviado el pasado 17 de abril por la Junta de Extremadura al Ministerio de Hacienda "no" incluye "ninguna medida" que suponga "recortes" que afecten a las políticas sociales o que impliquen "un freno al crecimiento" de la comunidad.

   Además, ha incidido en que con dicho plan se evidencia que "Extremadura avanza en el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como que la comunidad realiza "un gran esfuerzo de consolidación fiscal".

   En esta línea, la consejera ha recalcado que la Administración autonómica "trabaja sin cesar para lograr el equilibrio de las cuentas públicas, a fin de que sea posible las políticas de reactivación económica, de renovación productiva, y sobre todo las políticas sociales que garantizan la igualdad y la procura existencial de los extremeños".

   "Seguiremos con las políticas de recuperación de derechos y de reactivación económica también en este plan de ajuste", ha espetado Blanco-Morales, quien en una comparecencia a petición propia este jueves en el pleno de la Asamblea para informar sobre dicho plan, ha avanzado también que próximamente volverá a comparecer en la Cámara regional para abordar el plan económico-financiero enviado el pasado 22 de mayo al Ministerio de Hacienda.

   Dicho plan económico-financiero, que según ha indicado entregará a los grupos parlamentarios y a los agentes económicos y sociales, "en lo esencial" es "coincidente" con el plan de ajuste 2017 presentado por la comunidad, y se encuentra "pendiente de información" por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), por lo que se espera que sea aprobado "en las próximas semanas".

PLAN DE AJUSTE

   Durante su intervención, la consejera ha incidido en que con el actual Gobierno autonómico se ha reducido el déficit un 42% en la comunidad, de tal forma que en 2014 fue del 2,51% del PIB (425 millones), en 2015 del 2,79% del PIB (491 millones), y en 2016 del 1,61% del PIB (285 millones).

   De igual modo, ha defendido que "bastaría con que el Gobierno de la nación cumpliera con el compromiso adoptado en el protocolo para inversiones extraordinarias firmado a finales de 2015 y Extremadura recibiese este año los 60 millones de euros comprometidos" para que la región cumpliera en 2017 con el objetivo de déficit marcado.

   En esta línea, ha aprovechado para defender como "necesario" un "reparto más equitativo" de los objetivos de déficit entre la Administración Central y las CCAA que, según ha recordado, son las que sostienen los pilares del Estado de Bienestar; al tiempo que ha subrayado como "necesario" un "reparto más equitativo de los objetivos de déficit diferenciado teniendo en cuenta la situación de partida" de cada región.

CAUSAS DEL DÉFICIT DE 2016

   Por otra parte, como razones del déficit extremeño en 2016, según ha dicho que se explica en el plan de ajuste 2017, ha desgranado que "durante 2015 y todo 2016 la Junta ha realizado acciones orientadas a contener el incremento del gasto, contención que no ha afectado a los servicios públicos esenciales, Sanidad, Educación ni Dependencia".

   "Especialmente porque en 2016 se pusieron en práctica programas específicos para la reducción de las listas de espera, la mejora del éxito escolar y la disminución del abandono escolar temprano, y porque se adoptaron también medidas para permitir la recuperaión de derechos de los empleados públicos", ha dicho.

   Este conjunto de actuaciones de "recuperación de derechos" supuso, según ha explicado, un coste de 38 millones de euros, lo que significa el 0,2% del PIB de 2016.

   Además, ha añadido que la deuda reconocida a las eléctricas por el Constitucional ascendió a 52 millones de euros que "tuvieron un impacto de tres décimas en el déficit de 2016".

   En la misma línea, ha señalado que "también tuvo una relevante incidencia sobre el déficit la imposibilidad de certificación de fondos Feder por las dificultades técnicas de los sistemas del ministerio".

   También, Blanco-Morales ha anunciado que el "incumplimiento" en 2016 del protocolo de inversiones extraordinarias por parte del Gobierno central "obligó" a la Junta a hacer frente a 40 millones de euros de transferencias del Estado para inversiones que "nunca llegaron", y que supusieron un 0,2% del PIB.

   Al respecto, ha añadido que este "incumplimiento" del compromiso de inversión extraordinaria del Estado "se reitera" en 2017, pues en los Presupuestos del Estado se contemplan 10 millones de los 60 pertinentes, ha dicho, lo que supone (los 50 millones que faltan) un impacto de tres décimas sobre el déficit.

PSOE

   Por su parte, el diputado del PSOE Jorge Amado, ha destacado las medidas para la "recuperación de derechos" que está practicando la Junta después del paso del PP por el gobierno regional en la anterior legislatura.

   "Estamos intentando reconducir la malísima situación financiera que dejó el PP", ha espetado, al tiempo que ha subrayado que el plan de ajuste presentado por la Junta al Ministerio de Hacienda "no recoge ni un sólo recorte en política social".

   De igual modo, tras incidir en que el actual Gobierno autonómico "está trabajando sin descanso por cumplir la estabilidad sin que se vea afectada la Sanidad, la Educación, la Dependencia", ha criticado que el PP trate de "dar lecciones" en política económica, después de la "nefasta gestión" con "más impuestos, más recortes y más deuda" por parte del anterior Ejecutivo autonómico.

PP

   A su vez, el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha afirmado que el plan de ajuste de la Junta "contiene en su seno numerosas incertidumbres", y ha lamentado el "cuento de las cuentas" que a su juicio practica el Ejecutivo autonómico, ya que "en Extremadura ni cuadran las cuentas ni está mejorando la vida de la gente".

   Además, ha pedido a la Junta que ponga en marcha "medidas de contención del gasto", porque "las consejerías están despilfarrando gasto corriente"; así como que se ejecuten las inversiones y "no se paralice la obra pública".

   "En 2016 no cuadramos las cuentas. Lo que sí hicimos fue pagar a proveedores, gracias a que contamos con la ayuda del Estado", ha subrayado el 'popular', quien ha añadido que 2016 "fue un año en blanco" en el que "nada" de lo contemplado en el plan de ajuste y en el plan económico-financiero "se cumplió", salvo el pago a proveedores.

PODEMOS

   Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén, ha incidido en que "no es cierto" que el plan de ajuste no contenga recortes, tal y como ha defendido la consejera de Hacienda. "Trae muchísimos recortes y otra vez donde más duele", ha advertido.

   En esta línea, ha indicado que se introducen "recortes" en cuestiones como, por ejemplo, Vivienda y en fondos estructurales.

   También, y tras lamentar que "la deuda no ha parado de crecer" en la región, ha tachado de "auténtica ficción" la recuperación económica prevista por la Junta, a tenor de que "no va a crecer el consumo si no hay trabajo".

CIUDADANOS

   A su vez, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha reconocido que su grupo tiene "dudas" de que el plan de ajuste de la comunidad vaya a cumplirse "tal y como" se presentó al Ministerio de Hacienda.

   Al mismo tiempo, ha incidido en que el citado plan incluye "un innegable recorte" en las inversiones por importe de 114 millones en el Presupuesto de este año.

   Domínguez ha criticado también la "mala costumbre" de que partidas y obras en inversiones en los Presupuestos regionales "no" se ejecuten; y ha mostrado su deseo de que se haga "una política real de contención del gasto corriente" por parte del Ejecutivo autonómico.

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