MÉRIDA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes la instrucción sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública que son un "cambio en la concepción de las políticas públicas en materia de contratación", la cual "debe ser un instrumento para orientar" la política económica.
Así lo ha explicado la portavoz de la Administración autonómica, Isabel Gil Rosiña, quien ha valorado que la aprobación de estas cláusulas sociales "constituye una adecuada compensación" de cómo "debe canalizarse el dinero público".
Además, ha recordado que esto es un "compromiso electoral" del presidente regional, Guillermo Fernández Vara, y con ello se da "cumplimiento" al programa del PSOE y a su Agenda del Cambio.
Rosiña, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, ha resaltado que estas cláusulas sociales se instaurarán en "todo el ámbito público de la región". Es decir, también "afecta a las empresas del sector público" extremeño que tienen la "obligatoriedad de establecer en los procesos de licitación pública" dichas cláusulas.
La portavoz del Ejecutivo regional ha subrayado, asimismo, que estas cláusulas incluyen criterios sociales, medioambientales, de promoción de las pequeñas y medianas empresas y de impulso de la sostenibilidad de la contratación pública.
OBJETIVOS
Igualmente, ha subrayado que cumplen con cuatro "objetivos fundamentales". El primero de ellos es "facilitar el acceso" de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la contratación pública, algo "muy importante", ha dicho, porque las pymes "son el sector más amplio de la región" ya que representan "el 98 por ciento del empresariado en Extremadura".
Rosiña ha explicado que "lo que se pretende es mejorar la calidad y la comprensibilidad" de la información que en materia de contratación pública proporciona la Administración a las empresas, "posibilitar la licitación en lotes dentro de los límites legales", "simplificar" la documentación a aportar y "no basar" los criterios de adjudicación en las cuestiones económicas "únicamente".
El segundo objetivo, según ha detallado la portavoz, "tiene que ver con la calidad del empleo", porque "hay muchos trabajadores pobres", ha aseverado.
Por ello, se debe "garantizar" en la contratación pública el "respeto" a los derechos laborales y a los convenios colectivos, la "promoción" del empleo a personas "con dificultades de acceso al mercado de trabajo" y la "promoción" de la seguridad y la salud laboral, ha destacado toda vez que ha señalado que éstos son "objetivos prioritarios" que se establecen en estas cláusulas sociales.
Igualmente, el tercer objetivo se orienta a "proteger el medio ambiente" por lo que, según ha manifestado la portavoz, "en el criterio de adjudicación" se tendrá en cuenta la "minimización" del consumo de recursos naturales, la "mínima generación de residuos" así como su reciclaje y también la eficiencia energética y la utilización de energías renovables.
Finalmente, el cuarto objetivo es un "impulso decidido a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres", que "se va a traducir en un compromiso de contratación a un mayor número de mujeres en puestos de responsabilidad", la presentación por parte de las empresas de un plan de igualdad o en establecer medidas concretas de conciliación, ha apuntado.
"Estamos obligados a hacerlo", ha afirmado Gil Rosiña al tiempo que ha recordado que este pasado lunes se ha celebrado el día de Lucha contra la Discriminación Salarial y "para desgracia nuestra" y como "tarea" del Ejecutivo autonómico, Extremadura "tiene la mayor tasa de brecha salarial", ha lamentado.
Por ello, "es importante, al día siguiente de haber reivindicado la necesaria igualdad salarial, que pongamos de manifiesto que las cláusulas sociales contienen criterios que tienen que ver con esa realidad social", ha espetado.
