Foto: GOBIERNO DE EXTREMADURA
Teniente pone en valor que la Ley de Publicidad Institucional supondrá un "importante paso hacia adelante" por la "transparencia"
MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Estatuto de los Cargos Públicos no afectaría "en principio" a los expresidentes del Ejecutivo extremeño, "salvo que después del trámite parlamentario se extendiera" a aquellos que han ostentado el cargo, según ha expuesto el consejero de Administración Pública, Pedro Tomás Nevado-Batalla.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Ley por el que se regula el Estatuto de los Cargos Públicos y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que en esta misma jornada se registrará en la cámara legislativa regional.
En rueda de prensa, Nevado-Batalla ha resaltado que este proyecto de ley, que se une a la Ley de Gobierno Abierto y a la futura de Publicidad Institucional, tendrá como objetivo la "regeneración de la vida pública y el fortalecimiento de la democracia".
Entre las medidas que recoge el proyecto de Ley de Cargos Públicos se encuentra, según ha explicado el consejero, la ampliación del concepto de cargo público; además de la "aportación importante" que supone, a su juicio, la inclusión de 'numerus clausus' en cuanto a estos cargos; o la limitación de mandatos, hasta dos consecutivos, para el cargo de presidente del Ejecutivo extremeño.
Asimismo, el Estatuto de los Cargos Públicos establece que dichos cargos deben ajustar su proceder a los parámetros establecidos en la Ley de Gobierno Abierto; además de una "mejor regulación" del régimen de conflictos de intereses, de tal manera que se asegura a los ciudadanos "que los intereses que atenderán los cargos públicos en Extremadura van a ser exclusivamente los de Extremadura y los de los extremeños".
En esta línea, el consejero ha explicado que la región "cierra completamente" la denominada "puerta giratoria" de los cargos públicos, estableciendo un "periodo de carencia de dos años".
NO ES UNA "DECLARACIÓN DE INTENCIONES"
El consejero Pedro Tomás Nevado-Batalla ha expuesto, como ya indicó este pasado lunes el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, que este proyecto de ley no es una "declaración de intenciones", a lo que ha añadido que la nueva normativa establecerá un sistema propio de infracciones y sanciones, "sin perjuicio del régimen general".
Entre esas sanciones, como ha indicado el consejero, se encuentra la imposibilidad de ocupar un cargo público en Extremadura por un periodo que podría oscilar entre los cinco y los diez años en el caso de las infracciones consideradas como muy graves.
La calificación de estas infracciones estará vinculada en función de la gravedad de las mismas o en función de la "alarma" que se hubiera podido causar, y serán leves, graves o muy graves.
POSICIÓN DE LOS GRUPOS
Preguntado por la posición de los grupos políticos en el Parlamento regional ante este proyecto de ley, el consejero ha indicado que se ha intentado buscar el "máximo consenso" y ha añadido que el Ejecutivo regional desearía que en el trámite parlamentario la normativa alcanzara "consenso" entre los diferentes grupos.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura, Cristina Teniente, ha explicado que la región, con esta norma, da un "ejemplo más" de que cuando hay que demostrar la "voluntad" de cumplir los compromisos es cuando se llega al gobierno.
"Aquí hay algunos que están apostando ahora por ese ejercicio de transparencia, pero tuvieron responsabilidades de gobierno durante años y no se llevó una ley de este calado al parlamento jamás", ha expuesto la vicepresidenta.
En esta línea, ha indicado que se debe "predicar con el ejemplo" y "asumir compromisos y cumplirlos, cuando se está en el gobierno", ha evidenciado.
LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
En otro orden de asuntos, Cristina Teniente se ha referido a que este jueves, la Ley de Publicidad Institucional afrontará su debate de totalidad en el pleno del Parlamento de Extremadura.
Con esta ley, ha indicado la vicepresidenta, se da cumplimiento a uno de los "compromisos electorales" del PP en Extremadura y con el que se pretende "despolitizar" el ámbito de la comunicación y la publicidad institucional.
Se busca así que las campañas tengan un "claro enfoque" de servicio público a la ciudadanía y no al gobierno que las promueve, ha asegurado la vicepresidenta. De esta manera, las campañas solo podrán desarrollarse cuando existan "razones de interés público" y persigan una serie de objetivos que se recogen en la ley.
Además, quedarán "expresamente prohibidas" las campañas que tengan como finalidad los objetivos alcanzados por las administraciones públicas extremeñas, entre otras cuestiones. Y, por otro lado, incluye un sistema de garantía para velar por el cumplimiento de los objetivos que se marcan en la ley.
Teniente ha puesto en valor que esta nueva norma supondrá un "importante paso hacia adelante" en el "compromiso" del Ejecutivo regional por la "transparencia en la gestión pública".
