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PLASENCIA (CÁCERES), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La primera vista del juicio por los presuntos delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias en los que se encuentran acusados la exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco, así como cinco de los concejales que formaron sus equipos de gobierno y el constructor José Antonio Romero, ha finalizado a la 1.07 de la pasada madrugada sin que el constructor acusado pudiera prestar declaración.
Sí lo han hecho todos los cargos políticos encausados, que han mostrado una defensa similar en todos los casos, haciendo hincapié que en ningún momento se avisó de manera fehaciente por parte de la intervención municipal de que se podía estar incumpliendo la ley de contratos públicos, se estaba realizando la fragmentación de las obras, o realizando pagos superiores a los precios de mercado.
De esta manera además se ha querido resaltar por parte de las defensas que en ningún momento el interventor realizó reparos a las facturas presentadas y que se limitó a incluir observaciones en el sistema informático de validación de propuestas de gastos, tal y como esgrime la acusación, pero que ni verbal ni por escrito físico informó de las mismas.
En esta primera jornada, además, los diferentes concejales han aludido al desconocimiento del sistema informático, así como a su funcionamiento profundo de la plataforma informática utilizada, ya que ninguno tuvo constancia --han indicado-- de las observaciones de la intervención al no acceder a dicho menú desde la pantalla principal del programa.
También ha quedado manifestado por los acusados y sus defensas que pese a las objeciones que el interventor realizaba a las facturas de manera telemática no se reflejaban en otras acciones, ya que el interventor firmaba las órdenes de pago que se presentaban a la alcaldesa de la ciudad para el abono de las mismas a las empresas.
SEGUNDA JORNADA
El interventor municipal del Ayuntamiento de Plasencia está llamado a declarar en calidad de testigo durante la mañana de este jueves, en la segunda jornada de esta vista que comenzará con el interrogatorio por parte de las partes del constructor José Antonio Romero.
De la misma manera todos los excargos públicos del Ayuntamiento de Plasencia han negado tener una relación de amistad o provecho con el constructor acusado y como mucho se han referido a él como un empresario "eficaz" en la ejecución de las obras, como han hecho los acusados Enrique Tornero y Mónica García o como lo ha definido Blas Raimundo: "un hombre para casos de urgencias".
Otros argumentos usados por las diferentes defensas han sido que en ningún momento eran los propios concejales los que realizaban las propuestas de pago, sino que se realizaban desde la secretaria de concejales, siendo estas personas las delegadas para rellenar las propuestas y posteriormente ellos únicamente visaban tras la idoneidad otorgada por intervención.
En total se están investigando un total de siete obras, por las que el consistorio placentino habría sufrido un perjuicio de 306.000 euros de sobre coste según la peritación a precio de mercado elaborada por el juzgado, motivo por el que pide entre 1 y 3 años y medio de prisión para los acusados, inhabilitación de cargo público en diferentes periodos de tiempo y también multas que en algunos casos superan los 500.000.
