MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Dependencia, Mayores y Discapacidad del PSOE en el Parlamento de Extremadura, Marisol Mateos, ha asegurado que la región es una de las cuatro comunidades autónomas donde el plazo para que los beneficiarios de la Ley de Dependencia sean reconocidos como tal en el sistema "supera los 300 días de espera".
"Diez meses para poder tener una resolución como dependiente, además del tiempo que el Gobierno tarde para poder ser beneficiario de la prestación", ha explicado Mateos en rueda de prensa.
Asimismo, ha indicado que la situación de la Ley de Dependencia en la región "consagra" la "mentira" del PP de Extremadura ya que desde el año 2012 se ha "suprimido" el nivel "acordado" y "convenido" para la protección de la Dependencia, "un 24,51 por ciento menos", lo que supone, según Mateos, "18 millones de euros menos al año de aportación en los presupuestos generales del Estado para la Dependencia en Extremadura".
También se ha visto "reducido" en un 13 por ciento, ha añadido, la aportación del Estado "como nivel mínimo", así como "los dos niveles que permitían la incorporación de nuevos dependientes en la comunidad autónoma".
Por otra parte, ha asegurado que en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2015, el colectivo de dependientes "moderados", en el que hay hasta 10.000 personas en la comunidad, no cuentan con aportación alguna, y que además han visto "aplazada" su prestación "hasta el 1 de julio de 2015".
"Son 10.000 personas que no podrán acceder durante 2015 a una prestación, con lo cual se van a incrementar hasta un 70 por ciento las listas de espera en la comunidad"
80 MILLONES DE EUROS MENOS PARA DEPENDENCIA
En materia económica, la socialista ha explicado el "impacto económico" que ha tenido en la comunidad la aplicación de la ley, de tal forma que en los últimos cuatro años, las personas con derecho reconocido reciben 294 euros menos, mensualmente la cantidad se ha reducido hasta "59 euros menos", mientras que anualmente, según Marisol Mateos, "entre el nivel mínimo y el nivel acordado la reducción asciende a 18 millones de euros al año". En cuatro años, ha continuado, "casi 80 millones de euros menos en la comunidad como consecuencia de las políticas que aplicó Rajoy".
También se ha "reducido el gasto público" por persona "para dar cobertura a la ley" con una media de "90 euros menos" e igualmente "se han caído los datos de "inclusión" de personas que necesitan el servicio de ayuda a domicilio hasta un 19 por ciento en la comunidad", ha apostillado.
Otros de los datos aportados por la portavoz de Dependencia socialista apuntan a que 3.800 cuidadores familiares "no profesionales" han perdido la cotización a la seguridad social, una situación que afecta "al 93 por ciento de las mujeres del mundo rural", del total, 2.514 en Badajoz y 1.276 en Cáceres.
"LA GENTE MUERE ESPERANDO A SER ATENDIDA"
En esta línea, y respecto a las listas de espera de Extremadura, ha asegurado que hay "3.143 personas siguen esperando poder acceder a la ley y en 3.343 personas se ha fijado el incremento neto en los últimos años".
"Estamos hablando de que 3.122 personas siguen esperando a ser atendidas, que hay 2.099 personas menos que el año 2011 con derecho a ser atendidas, que han fallecido esperando para poder recibir una prestación 2.320 personas y que, además, se han duplicado las personas que no tienen derecho a ser atendidas", una situación "que afecta a quienes no tienen grado reconocido y las de grado uno", ha resaltado.
La conclusión que hace el PSOE extremeño, respecto a esta situación es que "la gente se muere esperando ser atendida como solicitante de la ley de dependencia".
Por otra parte, ha dicho que a los socialistas les "preocupa" la "privatización" de los servicios, "singularmente" la teleasistencia y la ayuda a domicilio que está "asistiendo" la región.
Según Marisol Mateos, el Gobierno de Monago "no ha hecho los deberes", ya que las listas de espera "se reducen" por "fallecimientos" y "falta de inclusiones en el sistema", y además que "no" ha habido "ni agilidad, ni eficiencia en gestión y hay una descoordinación y lentitud en la gestión de datos".
PACTO SOCIAL POR LA DEPENDENCIA
Todo esto, ha dicho, "pone de manifiesto que hay que blindar con urgencia el Estado de Bienestar" porque en Extremadura hay una "absoluta desaparición" de responsabilidades por parte del Gobierno de Monago. "Estamos asistiendo a una ingente lista de espera y a un aumento de los tiempos de atención", según Marisol Mateos.
Respecto a los datos a los que hizo referencia el consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, este pasado jueves en el Parlamento extremeño sobre un informe del Tribunal de Cuentas al hilo de las listas de espera, ha dicho que los socialistas niegan "la mayor" y que en el PP son "unos mentirosos compulsivos", porque lo que dice dicho informe es que "desde el enero de 2012 hasta abril de 2013 se elevó la media de espera para poder incorporarse al sistema en 246 días".
"Desde el PSOE estamos alarmados sobre la situación actual de la Dependencia de Extremadura y por el deterioro de los servicios sociales en la comunidad, y exigimos a Monago uno colchón destinado a prestar auxilio a las personas más desfavorecidas", ha reclamado.
Para la socialista el PP en la región "ha bajado los brazos ante la situación de la dependencia al igual que hizo con la renta básica". "Sí habrá dinero para cuñas de radio de Monago, pero no habrá ni un solo euro más para la dependencia en la comunidad y tampoco habrán más recursos", ha criticado.
En este sentido, ha indicado que el PSOE extremeño hace un balance "más que negativo" de la aplicación de la ley de Dependencia en la comunidad porque son "incontables" los "daños" a los dependientes.
"Monago ha mentido a los ciudadanos y nos tocará a los socialistas recomponer el deterioro social que ha protagonizado el Gobierno de Monago y el consejero de Salud", ha recalcado.
Por todo ello, ha ofrecido al Gobierno del PP en la región un pacto social y "urgente" por la dependencia que garantice la atención a los dependientes en la comunidad y que acabe con la "falta de control" y las "deficiencias" de la gestión de la ley, así como que se haga un "seguimiento".
