MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los concesionarios desalojados de los quioscos de la plaza de España de Mérida el pasado 9 de enero han exigido al ayuntamiento que preside Antonio Rodríguez Osuna que ofrezca una respuesta a los recursos pendientes contra esta decisión y que aún no han sido contestados.
En concreto se refieren a la 'acción de nulidad' y alegaciones complementarias al desalojo, presentadas respectivamente los días 4 y 5 de enero.
Al respecto, los concesionarios indican que, pese a sacar las manifestaciones públicas de los miembros del equipo de Gobierno local, la realidad a día de hoy es que no han recibido una respuesta "por la vía oficial, esto es, con un escrito argumentado diciendo si rechazan o aceptan los recursos" tal y como marca la ley.
"No se puede presumir tanto de transparencia y luego ni siquiera responder cuando la ley se lo exige", argumentan los quiosqueros a través de una nota de prensa.
Asimismo, hacen constar que el propio ayuntamiento incurre en una contradicción al ordenar el desalojo, debido a que el 19 de diciembre el alcalde firmó un decreto en el que "reconocía" que los concesionarios tenían 'título habilitante' para permanecer en los quioscos hasta tanto hubiese una resolución definitiva de la nueva adjudicación.
"Este título sigue hoy día en vigor, y pese a ello se ordenó el desalojo, lo que supone un abuso a todas luces", advierten los afectados, que se basan en que el grupo municipal de IU presentó el 26 de octubre un recurso de reposición pidiendo la suspensión del procedimiento de adjudicación.
Según la ley, esta solicitud de suspensión debe ser respondida en un mes o se consideraría aceptada la petición de suspensión por silencio administrativo. Sin embargo, el ayuntamiento contestó dos meses después, en concreto el 28 de diciembre.
"Al responder fuera de plazo la decisión no es legal, y por tanto el procedimiento estaría suspendido desde que cumplió el plazo legal, el 26 de noviembre, de manera que todo lo ocurrido desde entonces (propuesta de adjudicación provisional de 30 de diciembre y adjudicación definitiva el 19 de diciembre) debe ser considerado inválido", indican los concesionarios.
Esto supone que a día de hoy "no hay adjudicación definitiva, y por ello los concesionarios desalojados siguen teniendo título habilitante para la explotación de los quioscos".
Según explica Alberto Delgado, representante de los concesionarios y director del despacho Abogados CE Consulting, "la falta de respuesta en tiempo y forma al recurso de IU y la falta de respuesta a los recursos de los concesionarios invalidan cualquier acción".
Por ello, y por el hecho además de que la denegación de la suspensión cautelar del procedimiento aún no ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, demanda al ayuntamiento que "retrotraiga las actuaciones al momento legal en que debieron ser suspendidas, ya que de lo contrario se podría estar causando un daño que repercutiría finalmente en todos los emeritenses, así como a quienes concurrieron al concurso, puesto que incurrirían en unos gastos para una obra que los juzgados podrían declarar no ajustada a derecho".
