Se reforzarán las sanciones por vender alcohol a menores

Guillermo Fernández Vara
EUROPA PRESS
Publicado 04/09/2015 12:59:23CET

   MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Ley de Convivencia y Ocio de Extremadura será modificada para "reforzar las sanciones" a aquellos que "incumplan sus obligaciones" y vendan alcohol sin autorización, y a menores.

   Una modificación que ha anunciado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, tras las incautaciones que se han producido en los últimos días, con motivo de la Feria de Mérida, de un millar de botellas de alcohol que se vendían en tiendas de alimentación sin licencia para vender estos productos, que también se dispensaban a menores de edad.

   En su intervención en rueda de prensa en Mérida, Fernández Vara ha elogiado la "actitud muy valiente" que ha tenido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que "afrontar decididamente algo que todo el mundo sabía, pero que nadie se atrevía a meterle mano", y ha recordado que este asunto forma parte de sus compromisos electorales.

   Y es que, según ha dicho, "el hecho de que se haya estado vendiendo alcohol sin tener la autorización para ello", y que además este alcohol "no responde al etiquetado que figura" en la botella, por lo que "además de defraudando se está engañando", lo cual "exige de los responsables públicos una actitud decidida".

   Por todo ello, Vara ha señalado que se va a celebrar una reunión con los ayuntamientos de localidades mayores de 20.000 habitantes, "donde esto se ve más, ya que donde más presencia hay es más difícil el control", con el objetivo de "abordar una actuación conjunta en esta materia, a partir de la experiencia de lo que se ha hecho en Mérida".

   Una experiencia "que pueda servir en la toma de decisiones para combatir y para hacer una lucha frontal contra quien está vendiendo alcohol a niños", ya que según ha explicado el presidente extremeño "no son ni siquiera adolescentes".

   "Yo los he visto con mis ojos, niños de 12, 13 ó 14 años saliendo con bolsas de determinados establecimientos de la ciudad", una situación ante la que "quien tiene responsabilidades públicas no se puede cruzar de brazos".