Invita a PSdeG y BNG a sumarse a esta iniciativa para paliar las "brutales injusticias" que supone la aplicación de la norma estatal
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PPdeG insistió hoy en la necesidad de reformar la Ley de Costas de 1988 para paliar las "brutales injusticias" que se derivan de su aplicación y, entre otras propuestas, defendió que cuando el Estado se incaute de cualquier propiedad situada en la costa en el marco de los expedientes de deslinde de dominio público, asuma "automáticamente" las hipotecas y demás cargas financieras que pesen sobre estos inmuebles en el caso de que sus propietarios decidan hacer uso de la concesión de treinta años que prevé la normativa.
Paralelamente, la proposición de ley del PPdeG pretende que si los titulares de las viviendas incautadas renuncian a este derecho de ocupación, reciban del Estado un bien de características similares en un radio de dos kilómetros o una indemnización equivalente al precio de mercado.
"Nosotros sí queremos soluciones, sí nos ocupamos de este terrible problema de la Galicia costera", proclamó el portavoz popular en el Parlamento autonómico, Manuel Ruiz Rivas, que presentó esta propuesta legislativa acompañada de los diputados Pilar Rojo y Enrique López Veiga.
Después de criticar que el Gobierno gallego lleve "mucho tiempo sin hacer nada" en este tema, instó a los socios de la Xunta --PSdeG y BNG-- a que abandonen su "soberbia" y se sumen a esta iniciativa que, de aprobarse en la Cámara gallega, deberá ser trasladada al Congreso de los Diputados.
MINIMIZAR PREJUICIOS
Los populares creen necesario minimizar los "prejuicios" que la aplicación de la Ley de Costas ocasionará a "cientos de propietarios" y subrayan que esta normativa implicará a inmuebles construidos con anterioridad a la fecha de su aprobación. "Incluso hay viviendas de más de cien años", exclamó López Veiga.
Según explicó Ruiz Rivas, una de las principales carencias de la Ley de Costas del Estado reside en que no reconoce los núcleos rurales tradicionales, un fenómeno que el Partido Popular erige en "netamente gallego" y para el que pide un "reconocimiento explícito" en la ley estatal.
También denunció que la actual normativa es "implacable" con las construcciones situadas en terrenos que no tuviesen la consideración de urbanos o equiparables cuando entró en vigor la Ley de Costas. Al respecto, el PPdeG invoca el "realismo político" para modificar la norma de forma que se tenga en cuenta la situación registral y de los servicios urbanísticos de la Galicia de 1988.
Así, los populares insistieron en que, para determinar si un núcleo debe o no considerarse urbano, no se pueden tener en cuenta criterios actuales y, a cambio, ofrece "una serie de soluciones" para superar esta "carencia".
Entre otras, propone considerar urbano el suelo que estuviese clasificado como tal en los instrumentos de ordenación vigentes entonces; que, sin estar clasificado expresamente como urbano, contase con acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro eléctrico y que estuviese comprendido en áreas consolidadas para la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie; que estuviese declarado como núcleo rural preexistente de carácter tradicional en la ordenación vigente; o que, sin estar declarado formalmente como tal, reúna todos los requisitos para estarlo.
Con esta batería de propuestas, el PPdeG considera probada su "máxima disposición" a ayudar a los vecinos afectados por la aplicación de la Ley de Costas, a los que facilitarán su proposición de ley "por si tienen otras ideas".
"Que tengan claro los vecinos que los vamos a defender", garantizó López Veiga, y sugirió a los afectados que "no se dejen engañar por lobeiras, por el Bloque o por la conselleira" de Política Territorial, María José Caride.
En todo caso, matizó que el PPdeG defiende a los propietarios que construyeron "amparados" por la ley y no "a quien sabiendo que no podía construir, construyó". Preguntado por cómo se puede hacer esta distinción, López Veiga explicó que la propuesta del PPdeG lo deja "bastante claro" y añadió que "si a un vecino se le dio licencia municipal para construir, quien tenía la obligación de vigilar si se cumplía la ley era el ayuntamiento".
