La pena inicial que proponía la Fiscalía alcanzaba los 22 años y medio de cárcel
A CORUÑA, 6 May. (EUROPA PRESS) -
Un hombre acusado de sustraer diferentes objetos en varias casas, un coche y en la recepción de un hotel, que posteriormente vendió en una tienda de compraventa de oro, ha aceptado una condena de 13 años y medio de prisión tras reconocer los hechos que se le imputan.
El reconocimiento de la culpa ha sido el paso previo para conformarse y aceptar la pena que finalmente ha propuesto el Ministerio Fiscal, que en un principio solicitaba 22 años y medio para el acusado que tiene múltiples antecedentes por delitos patrimoniales.
De esta forma, el juicio contra este hombre no se ha llegado a celebrar al llegar las partes a un acuerdo de conformidad. Sin embargo, tras la aceptación de la pena por parte del ya condenado, la sesión en la Audiencia Provincial de A Coruña sí ha continuado juzgando a la persona jurídica responsable de la empresa de compraventa de oro donde el acusado vendió los objetos.
Así, de los 22 años y medio que solicitaba la Fiscalía por delitos de allanamiento de morada, faltas de hurto, robos en casa habitada y blanqueo de capitales; la pena se ha quedado reducida a una pena maxima de 13 años y medio al reconocerle la atenuante de drogadicción.
Según ha expuesto el fiscal ante el tribunal, el acusado "obró por su adicción a las drogas", hecho que motivo una rebaja en las penas solicitadas para este hombre que reconoció los hechos ocurridos en el año 2013.
"BAJO LA INFLUENCIA DE LAS DROGAS"
Tras la lectura de la sentencia, en declaraciones a los medios a las puertas de la Audiencia, el abogado de la defensa, Fernando Nieto, ha explicado que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía "reconoce que los delitos los realizó bajo la influencia de las drogas", lo que llevó a una rebaja de las condenas.
La Fiscalía acusa también a la sociedad propietaria de la tienda de compraventa de oro donde el acusado vendió los objetos. Entiende que cometió un delito de blanqueo de capitales por no avisar a las fuerzas de seguridad de que los objetos podrían ser robados, ni firmar la hoja de contrato, entre otras irregularidades.
El Ministerio público pide para la persona jurídica responsable de la empresa dos años de prisión y multa de seis meses a razón de 12 euros día.
