Otras 350 han podido regularizar su situación en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Municipal
VIGO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Más de mil viviendas de edificios y urbanizaciones de la ciudad de Vigo están afectadas por sentencia de derribo debido a irregularidades urbanísticas que tienen que ver con falta de licencia o con licencia para otras actividades, planeamientos anulados por los tribunales o problemas con alturas y edificabilidades.
El caso donde se concentra un mayor número de afectados es el de la calle Rosalía de Castro --unas 500 familias--, donde varios inmuebles, así como una gasolinera y un aparcamiento subterráneo, han sido declarados ilegales por los tribunales por el uso que se dio a los entresuelos, o por estar bajo la vía pública --en caso del parking--. No obstante, y tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), dos de los inmuebles afectados, ya han conseguido legalizar su situación.
No será tan fácil para los propietarios de viviendas en las dos torres de Finca do Conde --unos 230--. En este caso, tanto esas torres como el gran centro comercial que hay en ese ámbito, han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo y, según ha reiterado el alcalde, Abel Caballero, esas actuaciones "no son legalizables".
En lo que respecta a Finca do Conde, Caballero ha responsabilizado directamente a Corina Porro que, siendo alcaldesa, dio las licencias en contra de los informes técnicos, alegando que no había una sentencia firma de ilegalización y, por tanto, como procedimiento reglado dentro de los trámites administrativos, debía dar esos permisos.
Tras suspender las licencias en ese ámbito durante un año, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites de modificación del PGOM para ajustar el planeamiento a la construcción de un túnel para el acceso a la futura nueva autovía Vigo-Porriño. En todo caso, si se tuviera que hacer efectiva la indemnización a los afectados por la situación de Finca do Conde, las arcas municipales tendrían que afrontar el pago de unos 300 millones de euros.
OTROS CASOS
Los propietarios de los cien pisos de la urbanización conocida como 'Colina de Castrelos' o 'Piricoto' no lo tendrán fácil para regularizar su situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegal este inmueble porque, entre otras irregularidades, supone un gran impacto paisajístico al encontrarse muy próximo al Pazo Quiñones de León.
Los técnicos del Ayuntamiento tienen de plazo hasta finales de abril para presentar ante el tribunal un proyecto de demolición parcial del inmueble, con el fin de adecuarlo a la ley.
También se encuentra en trámite el proceso de legalización del edificio de A Pastora, donde los dueños de 56 pisos esperan obtener una licencia en el marco del nuevo planeamiento urbanístico, que admite las alturas construidas.
En pleno proceso judicial está el caso de dos de los edificios de aparthoteles de Samil, declarados ilegales porque la licencia que se les concedió en su día era para la actividad hotelera y acabaron por convertirse en unas 200 viviendas. Los propietarios han conseguido que el tribunal aplace la orden de demolición en tanto no se resuelva un recurso que habían presentado y, mientras, intentan conseguir una licencia municipal mediante la creación de una sociedad a la que ceden la gestión de sus apartamentos.
Los propietarios de los 50 apartamentos de la urbanización 'Gran Lar' de Navia se enfrentan a la posible demolición de los edificios, después de que el TSXG ratificase una sentencia anterior de derribo. Al igual que en el caso de Samil, el problema aquí está en el uso que se ha dado a los apartamentos, ya que la licencia otorgada era para residencia de estudiantes.
A estos casos, se suman los de otros edificios que están en situación de ilegalidad por diversos motivos, como una docena de chalets en Canido, un edificio de diez alturas en la zona de Churruca, otro edificio de más de cien viviendas en A Florida y otros ejemplos en Fragoso o A Seara.
LEGALIZADOS
En la otra cara de la moneda, están los casos de las torres Ifer de García Barbón, y el edificio de Jacinto Benavente próximo a la tienda Toys 'r Us. En el primer caso, el TSXG aceptó la pretensión del Ayuntamiento de que se declarase inejecutable la sentencia, en tanto que las torres --con unas 170 viviendas-- habían obtenido licencia municipal por estar ajustadas al nuevo PGOM.
Esas torres, en cuyos bajos está instalada la sede del Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo, tenían una sentencia de demolición desde 1996 y se consideraban ilegales porque estaban anulados el estudio de detalle de ese ámbito y las licencias concedidas.
También los 180 propietarios de los pisos de Jacinto Benavente respiran más tranquilos desde que, en julio de 2009, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo aprobó su licencia, en el marco del nuevo PGOM.
PLAN GENERAL DE 1993
La mayoría de los edificios declarados ilegales por los juzgados se construyeron al amparo de un planeamiento que fue, asimismo, anulado por los tribunales: el Plan General de 1993, aprobado por unanimidad por 26 concejales --uno del PP estuvo ausente en la votación--. Esa corporación estaba presidida por el alcalde socialista Carlos Príncipe y era concejal de Urbanismo Dolores Villarino, además, también eran concejales los actuales ediles José Manuel Figueroa (PP) y Xulio Calviño (PSOE).
En la ciudad olívica, prácticamente todas las denuncias por irregularidades tienen en común al denunciante, Eduardo Canabal, un técnico proyectista especializado en asesorar sobre cuestiones urbanísticas. Desde hace 15 años, este asesor mantiene en jaque a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ya que ha llegado a denunciar hasta 25 actuaciones del plan del 93.
