Antitaurinos promoverán mociones para abolir la tauromaquia

Corrida de toros
Foto: PABLO BLAZQUEZ DOMINGUEZ
Actualizado: domingo, 30 agosto 2015 12:42

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Colectivos antitaurinos, como Galicia, Mellor Sen Touradas y Libera, promoverán mociones en contra de actividades relacionadas con la tauromaquia en los municipios más poblados de la comunidad y en las cuatro diputaciones.

   A través de un comunicado, Libera ha avanzado este domingo que las iniciativas abolicionistas pretender lograr su objetivo antes de la convocatoria a las elecciones al Parlamento de Galicia de 2016 como precedente de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

   De esta forma, los animalistas han confiado en que, de cara a la próxima fecha electoral, se de "un cambio político" que facilite la confección de una ILP para convertir a Galicia en el tercer territorio libre de tauromaquia, detrás de las Islas Canarias y Cataluña.

   Al respecto, los antitaurinos han celebrado que los nuevos gobiernos municipales, en referencia a A Coruña, Ferrol, Santiago, Narón y Lugo, se muestren contrarios al maltrato animal, en detrimento de las diputaciones provinciales, a las que denuncian por haber subvencionado "eventos y a las propias peñas taurinas".

CIUDADANÍA ABOLICIONISTA

   Para que la ILP sea llevada a la Cámara gallega, los colectivos abolicionistas deberán conseguir un total de 10.000 rúbricas, algo que, como al igual que las mociones, consideran "factible", debido al "interés ciudadano" por apoyarlas, de forma que el "99,2 por ciento de gallegos declaran no asistir" a estos eventos.

   Adicionalmente, han evidenciado que son tres los municipios que albergaron corridas de toros --Pontevedra, Triacastela (Lugo) y Padrón (A Coruña)--, frente a los 12 que ya forman parte de la llamada "Rede de Municipios Galegos pola Abolición".

   En la actualidad, han señalado que la tauromaquia es legal en la comunidad "gracias a una excepción al artículo quinto de la Ley autonómica de Protección Animal. Sin embargo, a juicio de los abolicionistas, esto es "una anomalía legislativa".