Martiño Noriega explica que los informes son "favorables" y que tras abordarlo el consejo de Tussa, debe aprobarse en el pleno municipal
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela ultima los trámites para que pueda votarse el primer rescate para la gestión pública de una concesión, la del servicio de la ORA y de la grúa, cuando está a punto de cumplirse un año de las elecciones municipales.
La junta de gobierno local de este viernes acordó solicitar a la empresa Tussa un estudio sobre la viabilidad de asumir la gestión directa de la ORA y de la grúa, que ya cuenta con los informes económicos y jurídicos encargados por el ejecutivo que avalan la decisión.
La posibilidad de remunicipalizar la ORA se abrió a raíz de un recurso presentado por una filial de Vendex, grupo empresarial que centra una de las piezas que investiga la jueza Pilar de Lara en la 'Operación Pokémon'. Este grupo recurrió la resolución del Ayuntamiento favorable a su principal rival, Setex Aparqui, la cual se da la circunstancia de que tiene el mismo origen societario que el grupo Vendex (del que se separó uno de sus socios).
La concesión a Setex Aparqui se hizo en la época en la que gobernaba el PP, etapa que, precisamente, está siendo investigada en la mencionada operación dirigida desde Lugo por las concesiones (aunque en este caso, pese a las conversaciones y contactos que revela el sumario entre responsables de Vendex y dirigentes del Ayuntamiento, fue Setex Aparqui la que ganó el concurso, después de iniciarse el trámite en la época del del PSOE de Xosé Sánchez Bugallo y acabar de ser tramitado por el PP de Gerardo Conde Roa y --finalmente-- Ángel Currás).
La concesión en Santiago fue recurrida por Vendex, lo cual ha motivado su anulación. Paralelamente, el propietario de Setex llegó a declarar (en febrero de 2014) ante la jueza Pilar de Lara, ante la que pidió personarse como perjudicado en el marco de la 'Operación Pokémon', por las concesiones de A Coruña, Lugo y Ourense.
ESPERA QUE SEA EN JUNIO
A raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el gobierno local de Santiago exploró la remunicipalización de esta concesión e inició los trámites, para lo cual se ha modificado el objeto sociedad mercantil Tussa, con el fin de que se puedan prestar los servicios. Paralelamente, ha sido preciso prorrogar los servicios de la concesionaria hasta finales de julio.
En este plazo, según ha manifestado en rueda de prensa el alcalde, Martiño Noriega, deberá estar terminado el proceso de rescate público, si bien ha confiado en que el próximo pleno ordinario pueda culminarse el proceso de rescate de la concesión.
Al respecto, se ha mostrado "optimista" con la postura que adopte la oposición y ha sostenido que no debería haber problema para que Tussa eleve la cuestión al pleno, porque lo contrario, ha mantenido, sería "hurtar" un debate al órgano de representación de la ciudadanía.
Noriega ha defendido que el informe económico, elaborado por la cosultora Faura-Casas, sostiene que "la ORA y la grúa son unos servicios con equilibrio entre ingresos y gastos, e incluso rentables". Al respecto, ha indicado que "salvo en el escenario más pesimista", se generarían ingresos para financiar futuros inversiones, sobre lo cual el regidor ha recordado que todos los años la concesionaria paga un canon de 8.000 euros al Ayuntamiento por la prestación de este servicio.
Asimismo, en cuanto a la maquinaria de las calles, ha indicado que los informes apuntan que sería propiedad del Ayuntamiento, pero que la institución se pondrá en contacto con la empresa para abordar esta cuestión en la liquidación del contrato. Si no se llega a un acuerdo, está la posibilidad de recurrir a vía judicial.
En cuanto al personal, el informe jurídico avala la posibilidad de subrogar los trabajadores de Setex Aparqui --como ocurriría en caso de tener que sacar a concurso una nueva concesión--, los cuales pasarían a ser personal "indefinido no fijo". Con todo, se garantizará que "no sea una entrada de trabajadores municipales" por la puerta de atrás a la función pública, por lo que una vez que se cumpla el tiempo máximo habrá que recurrir a un proceso reglado.
