El Congreso de Mujeres Abogadas pide la prohibición universal de la maternidad subrogada

Clausura XXIX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas
XUNTA DE GALICIA
Publicado 15/04/2018 19:48:38CET

   El Congreso ha reunido en Santiago de Compostela durante tres días a un centenar de abogadas de toda España

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El XXIX Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, que se ha desarrollado durante tres días en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, ha pedido la prohibición de la maternidad subrogada. Al evento han acudido un centenar de letradas procedentes de toda España.

   En el Congreso, se han debatido y consensuado propuestas en materia de custodia compartida, nuevos modelos de familia, maternidad subrogada, brecha salarial y sustracción de menores, ya que las profesionales sostienen que se hace necesaria "una continua reflexión destinada a influir en las normativas que regulen estos cambios".

   Así, según ha informado el colectivo, el grupo de trabajo sobre la maternidad subrogada ha concluido que "no se debe permitir la mercantilización de la vida". Por este motivo, propone "no regular la maternidad de alquiler porque choca con la libertad de las mujeres sobre el control de su cuerpo al gestar un ser humano para otra persona".

   Las mujeres abogadas reunidas en el Congreso consideran que es necesaria "una prohibición universal de la gestación por sustitución". Además, creen preciso "sancionar a las agencias intermediarias y prohibir su publicidad".

   En cuanto a los nuevos modelos de familia, las asistentes al Congreso han abogado por utilizar un concepto de familia neutro, dada la enorme diversidad que la evolución económica y social está produciendo.

CUSTODIA COMPARTIDA

   En lo que respecta a la custodia compartida, entre las distintas propuestas técnicas, en el Congreso de Mujeres Abogadas se ha coincidido en que la necesidad más urgente es la dotación de "presupuestos a los juzgados para agilizar los informes psico sociales".

   Los informes se utilizan para otorgar o no la custodia compartida, pero los tiempos de espera pueden alcanzar el año.

   Además, las abogadas demandan que estos informes realizados por psicólogos y trabajadores sociales no sean el único criterio para decidir sobre una custodia compartida.

SUSTRACCIÓN DE MENORES

   En el Congreso se ha puesto de manifiesto que la situación social en cuanto a inmigración y movilidad de las personas tiene como consecuencia que la sustracción de menores se incremente en el futuro.

   En este sentido, las juristas sostienen que "es fundamental saber qué normativa aplicar", si el Convenio de la Haya o el Reglamento, y que uno de los criterios fundamentales que lo va a determinar es la "residencia habitual de los menores afectados".

   Por otra parte, también se ha abordado la brecha salarial. Al respecto, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Teresa Conde Pumpido y la socia de Executivas y experta en derecho laboral, Sandra Cid, insistieron en que la discriminación salarial es el paradigma de la desigualdad.

   Han incidido también en la necesidad de "trabajar sobre la responsabilidad de las empresas" aunque reconocen que el tamaño pequeño de muchas de ellas dificulta esta tarea.

   El Congreso de Mujeres Abogadas se desarrolla desde hace 29 años de manera itinerante por todo el territorio nacional. El encuentro de Santiago ha sido organizado por un grupo de juristas gallegas, todas pertenecientes a Executivas de Galicia.

   El Congreso ha sido clausurado este mediodía, con la participación de la Valedora do Pobo, Milagros Otero; la secretaria xeral de Igualdad, Susana López Abella, y la presidenta de Executivas, Carla Reyes Uschinsky.

   López Abella ha destacado en la clausura que la Xunta de Galicia garantizará y promoverá la formación en igualdad de los profesionales que trabajan en ámbitos relacionados, directa o indirectamente, con la violencia de género.

   En especial, dirigirá sus acciones a los profesionales de sanidad, servicios sociales, educativos, fuerzas y cuerpos de seguridad y de operadores jurídicos, mediante el diseño de programas específicos de formación en materia de violencia de género, y poniéndolos a disposición de cualquier ente, organismo o departamento, y de la sociedad en general, para su aplicación en las diversas acciones formativas.

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