MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Al Saadi Gadafi, uno de los hijos del ex dictador libio Muamar Gadafi, ha denunciado, en un encuentro privado con Human Rights Watch celebrado el pasado 15 de septiembre, irregularidades durante el proceso de detención en la prisión de Hadba, donde está recluido por delitos de lesa Humanidad.
El 3 de agosto, Human Rights Watch difundió un vídeo de nueve minutos --todavía disponible en Clearnews-- en el que guardias y funcionarios de la prisión de Al Hadba parecían estar interrogando y maltratando a varios detenidos, incluido Al Saadi. El hijo del ex dictador libio confesó haberse sentido "aterrado", pero no quiso dar más detalles. Durante ese mes, la web publicó más vídeos sobre los violentos interrogatorios a los que fue sometido durante su reclusión.
Los investigadores, además de reunirse con Al Saadi, en el que fue su primer encuentro desde su extradición desde Nigeria en marzo de 2014, se entrevistaron con otros tres antiguos altos cargos del régimen, todos ellos sentenciados a muerte por reprimir el levantamiento de la población civil libia contra el Gobierno --una revolución iniciada por el contagio de las concentraciones vecinas en Túnez y Egipto--. Los investigadores de la organización se reunieron con cada detenido una media de 30 a 45 minutos, en privado, sin la presencia de los funcionarios de prisiones.
Al Saadi declaró a Human Rights Watch que había sido acusado del asesinato de uno de sus amigos, aunque negó todos los cargos, y señaló otras irregularidades del proceso. Indicó que la fecha de inicio del juicio se retrasó debido a las dificultades que se generaron para obtener un certificado de defunción de la otra parte demandada y afirmó que era el único interrogado sobre el asesinato, a la par que otras personas no identificadas le interpelaron sobre cuestiones políticas y de seguridad.
El responsable de las investigaciones de la Oficina del Fiscal General, Al Siddiq al Sur, explicó a Human Rights Watch que hasta el momento se había acusado a Al Saadi de primer grado de asesinato, consumo ilegal de alcohol y privación ilegal de libertad. También señaló que la Fiscalía estaba investigando otros cargos relacionados con cuestiones financieras.
En relación al proceso, Al Saadi afirmó que podía designar un abogado en mayo, cerca de la fecha de inicio del juicio, así como un segundo defensor en septiembre; sin embargo, no tuvo representación legal desde su extradición hasta las audiencias previas. En este sentido, la Oficina señaló que tres de las sesiones previstas fueron suspendidas y que la siguiente quedó programada para el 1 de noviembre. El hijo de Gadafi también criticó que las autoridades rechazaran su petición de mantener reuniones privadas con sus abogados, alegando "problemas de seguridad".
El detenido denunció que los testigos convocados por la defensa se veían sometidos a "grandes presiones", además de intimidados por temor a posibles represalias, especialmente dada la ausencia de programas de protección. Al Saadi señaló que los abogados no estuvieron presentes en ninguno de los interrogatorios, donde alegó que la acusación intimidó y amenazó tanto a él como a los testigos. El reo presentó una querella a este efecto.
OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS
Al Saadi explicó a los investigadores que había sido recluido en una celda incomunicada dentro de la prisión de Al Hadba, sin ninguna conexión con otros detenidos, una cámara que si bien no tenía ventanas, sí que estaba provista de un ventilador. Señaló que tampoco le eran permitidas visitas familiares, aunque en contadas ocasiones podía establecer contacto telefónico con ellos y siempre con la presencia de un guardia del recinto de seguridad.
En el mes de septiembre, el director de la prisión, Jalid al Sharif, informó a Human Rights Watch de que su homólogo en el cargo había sido destituido por alegaciones de tortura. Según aclaró el director de Al Hadba, de los tres sospechosos acusados de maltrato, uno ha escapado del país y los dos restantes se encuentran en paradero desconocido.
La organización también se reunió con un abogado encargado de representar a los presos afectados por el caso. Estos reos señalaron que habían sido víctimas de violaciones procesales, que incluían desde la falta de acceso de los abogados a sus clientes hasta la imposibilidad de consultar documentos judiciales claves o un tiempo insuficiente para preparar la defensa. El abogado también señaló que había sido amenazado por grupos armados durante el desarrollo del proceso.
SE DEBE INVESTIGAR EL MALTRATO CARCELARIO
"La Oficina del Fiscal General debería iniciar una investigación contra aquellos sospechosos de maltratar a Al Saadi Gadafi y otros reos de Al Hadba, y hacer estos resultados públicos", ha dicho Human Rights Watch en un informe. "Los responsables de los abusos deben rendir cuentas de sus actos", ha añadido.
En julio, los tribunales sentenciaron a muerte a seis antiguos oficiales y enviaron a prisión a otros 23, con penas que variaban desde los cinco años de cárcel a una permanente restricción de los derechos civiles, en un juicio marcado por importantes violaciones del proceso.
Otro hijo de Gadafi, Saif al Islam, ha sido requerido por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la Humanidad relacionados con las protestas civiles de 2011, sin embargo, Libia ha rechazado entregarlo a pesar de la orden de extradición de La Haya.
El deterioro de las condiciones de seguridad y la falta de una autoridad central dentro de un país dividido por la guerra debilita la imparcialidad del sistema judicial, ha explicado la organización.
